El Gobierno aprobó el pasado jueves una insólita reforma del Código Penal por la que se aniquila el delito de sedición, se rebaja hasta el mínimo la malversación y se impone un vuelco en el Tribunal Constitucional, forzando un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría de izquierdas en el máximo garante de la Carta Magna. Pero la reforma impuesta por el Ejecutivo para acelerar la renovación del TC presenta serias dudas de constitucionalidad por la maniobra legislativa empleada por Pedro Sánchez, que ha colado los cambios a través de enmiendas. Un golpe al Estado de Derecho urdido por la vía exprés, sin informes de órganos consultivos, para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa. Expertos en Derecho Constitucional consultados por OKDIARIO temen que España termine pareciéndose a países iberoamericanos como Venezuela.

«La semejanza entre España y Venezuela está clara porque estamos en mano de personas que siguen un régimen comunista que quieren hacerse con el control absoluto de todas las instituciones», advierte Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo.

Sánchez ha impulsado un cambio en el sistema de elección de los magistrados del Constitucional, suprimiendo la obligatoriedad de los tres quintos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los dos miembros del Alto Tribunal. El Gobierno pretende asegurarse una mayoría de izquierdas en la Corte de Garantías, mientras los socios independentistas ya piden la celebración de un nuevo referéndum. Según Murillo, la intención del Ejecutivo va más allá de controlar el Poder Judicial: «Sigue abierta la posibilidad ilegal de que el Gobierno se invente una modificación sutil del Estatuto de Autonomía de Cataluña y los ciudadanos lleguen a una independencia» con la toma del órgano que asegura el cumplimiento de la Carta Magna.

Recurso del PP

Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, explica a OKDIARIO que ya existe un procedente en el que la Corte de Garantías falló a favor de un recurso de amparo y anuló una ley porque las enmiendas no guardaban relación con la norma que se modificó. Se trata, recuerda, de «la sentencia del TC 119/2011 en la que, con ocasión de una enmienda presentada por el Partido Popular -que nada tenía que ver con la Ley Orgánica que se quería cambiar-, se estimó un recurso del PSOE y se anuló esa disposición».

Tal y como ha publicado este periódico, el PSOE ganó en 2011 un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional interpuesto contra el PP por los mismos motivos por los que ahora los populares recurren las enmiendas de Sánchez para asaltar el Poder Judicial. Un grupo de 62 senadores recurrieron entonces ante el Constitucional la Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje aprobada durante el Gobierno de José María Aznar por contener, vía enmienda, una reforma en el Código Penal que no guardaba relación con la norma aprobada. El Alto Tribunal dio la razón a los socialistas, asegurando que se había vulnerado su derecho parlamentario recogido en la Carta Magna.

«Así empezaron otros países de Iberoamérica, que se aprovecharon de  propia legislación para cambiar la Constitución por la puerta de atrás e ir apoderándose de las instituciones públicas, convirtiendo el poder en una sola mano», opina Arribas. Según este experto, estamos viviendo uno de los peores momentos de la democracia española.

En la misma línea se explica Víctor Soriano, experto en Derecho Constitucional. «Lo que está claro es que el asalto del Gobierno al Tribunal Constitucional recuerda a comportamientos poco democráticos y, por eso, estamos pasando de una democracia plena a una democracia defectuosa». Soriano hace además especial hincapié en la falta de posicionamiento público por parte de diferentes colegios de abogados, magistrados y fiscales.