El estudio que certifica el fraude de la Ley de Nietos: un millón de solicitudes en Argentina con sólo 3.000 exiliados

El Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS ha redactado un informe en el que se certifica lo que describen como «desmesura que hay entre el número de exiliados que perdieron la nacionalidad (ellos o sus descendientes) y el de posibles nuevos españoles» que han conseguido la ciudadanía a través de la Ley de Nietos. Concretamente, detallan el caso de Argentina. Allí se exiliaron, según los datos del propio estudio, 3.000 españoles. Sin embargo, ahora han pedido acogerse a la Ley de Memoria Democrática a cerca de un millón de presuntos descendientes de exiliados.

El informe se titula «Españoles en el extranjero, censo electoral exterior y Ley de nietos»; está dirigido por Joaquín Leguina, primer presidente de la Comunidad de Madrid, y coordinado por Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS.

El epílogo del propio estudio recoge un apartado en el que se habla de la «desmesurada generación de nuevos españoles por la Ley de Nietos, en especial en América, y más en Argentina, en evidencia».

«El exilio neto de españoles por la guerra civil (huidos de España menos retornados) se estima entre 150.000 y 200.000 personas», recoge el texto publicado por el Observatorio Demográfico. Según el mismo, «ahora hay en España 1,5 veces el número de españoles autóctonos (hijos de personas nacidas en España) que había en 1936-1939». Sin embargo, la proporción no es la misma en los españoles en el extranjero: «En el caso máximo potencial de 2,45 millones de nuevos españoles por la Ley de Nietos, estos serían entre 12 y 16 veces el número de los que se habrían marchado por la guerra».

Del 0,8% al 6,5% de los españoles

En otras palabras, según este informe, la población exiliada representaba el «0,6% y el 0,8% de la población española de 1936-1939», pero los 2,45 millones de solicitantes que han pedido acogerse a las nacionalizaciones de la Ley de Nietos supondrían «el 6,5% de los españoles autóctonos que viven ahora en España».

El estudio alerta de las «desproporciones» que se evidencian al revisar los datos del exilio en América. Allí se estima que entre 30.000 y 35.000 personas emigraron por razones políticas. En otras palabras, el exilio neto a América por la guerra fue cercano al 20% de los que se vieron obligados a salir de España. Sin embargo, los españoles residentes en ese continente, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), representan actualmente el 65,5% del total. «Los 30.000-35.000 españoles que se fueron hace 85-90 años podrían acabar generando 1,6 millones de españoles ahora», detalla el informe.

En Argentina, los datos son aún más destacados. Como señala este informe, el del país americano llegaron cerca de un millón de solicitudes de nacionalización. Sin embargo, a Argentina apenas llegaron de «2.500 a 3.000 exiliados por la guerra civil», informan desde CEU-CEFAS.

Y lo más llamativo, según este documento, es que una parte de los exiliados «preservaron la nacionalidad española para ellos y sus descendientes, por lo que esa millonada de supuestos nietos no desciende de todo el exilio, sino sólo de una fracción de éste».

Por tanto, desde esta entidad etiquetan como una «desmesura» la relación entre «el número de exiliados que perdieron la nacionalidad (ellos o sus descendientes) y el de posibles nuevos españoles por esta vía». «Es descomunal, sobre todo en América, y muy en especial en Argentina», concluyen.

Nietos de presuntos exiliados

La Ley de Memoria Democrática permitió a los descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad. Muchos de ellos se beneficiaron de una instrucción que dictó el Ministerio de Justicia en 2022. Ese documento interno, firmado por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, fue más allá de la ley y estableció que «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Según aquella Instrucción, bastaba con «acreditar la salida del territorio español», aunque el motivo no fuera político, ideológico, de creencia o de identidad sexual, como exige la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, el Supremo suspendió sus efectos electorales. El Alto Tribunal acordó en un auto mantener la suspensión cautelar del voto de los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española por la llamada Ley de Nietos sin acreditar que sus antepasados se exiliaron por motivos políticos durante el franquismo. De este modo, los nacionalizados por la Ley de Nietos no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, salvo que los Registros Consulares certifiquen que accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente estos requisitos.

El Supremo afeó al Gobierno en su auto que «ni siquiera se ha aportado, de los 163.020 electores nacionales españoles inscritos en el CERA, que han adquirido la nacionalidad» a través de esa norma, «una cifra aproximada de los expedientes de aquéllos, que han sido desglosados». En otras palabras, resumió que el Ejecutivo «ha obviado por completo poner en conocimiento de esta Sala el nivel de cumplimiento de la orden recibida».

En ese sentido, el auto señalaba a la Abogacía del Estado, al servicio del Gobierno, por no aportar datos sobre la paralización de los efectos electorales de la Ley de Nietos. Es más, señalaban que desconocían «las personas» que «hayan acreditado los requisitos establecidos» en la ley, es decir, presentar un documento que pruebe el exilio político. Todo ello para comprobar cuántas personas lograron la nacionalidad sin presentar nada, tal y como permitía la instrucción de la hermana de Puente.

De hecho, en su escrito de alegaciones, la Abogacía del Estado aseguró que no podía expurgar los nacionalizados por la Ley de Nietos para la fecha que había dado entonces el Supremo, el 1 de enero. Es decir, aseguraba que era imposible llegar a la fecha prevista antes de las elecciones, lo que aún dificulta más llegar al 29 de noviembre.