España

España registra 2 okupaciones cada hora mientras Sánchez impone políticas bolivarianas en vivienda

El acuerdo entre PSOE y Podemos para la Ley de la Vivienda incluye regular el precio de los alquileres

La ley que interviene el derecho a fijar el precio del alquiler es un paso más del Gobierno de Pedro Sánchez a la propiedad privada. Otro fenómeno que lleva tiempo centrando los titulares es el de la okupación. El Ejecutivo ha hecho caso omiso de las quejas de propietarios y vecinos desesperados y se ha negado a endurecer una ley que resulta claramente insuficiente. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2020, se presentaron 14.675 denuncias por okupación, 54 más que en el año anterior. Es decir, en España se registran casi dos okupaciones de viviendas al día. Desde la llegada de Sánchez al Gobierno en 2018, esa cifra no ha dejado de aumentar.

Así, según los datos consultados por este periódico, ese año se denunciaron 12.214 okupaciones (Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018 vía moción de censura). En 2019, la cifra aumentó ya a 14.621 y en 2020, pese al estado de alarma por la pandemia, llegó hasta las 14.675. En 20

Las estadísticas no diferencian entre allanamiento de morada y usurpaciones, ya que las denuncias no definen el delito y es luego el juzgado el que decide la calificación. No obstante, Interior reconoce a ambos como ocupación ilegal de inmuebles, un ataque en cualquier caso a la propiedad privada por las políticas permisivas de Pedro Sánchez. En España no existen registros del número de viviendas okupadas ilegalmente, aunque las estadísticas sí confirman el drama al que se enfrentan cada día muchas familias, que se ven incapaces de recuperar su propiedad.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recoge, por su parte, las denuncias que llegan a los juzgados y que tampoco han dejado de aumentar. En el segundo trimestre de este año -el último contabilizado- se conocieron 1.056 procedimientos, frente a los 757 del mismo periodo del año anterior. Según el CGPJ, en 2019 ingresaron 4.017 trámites por okupación ilegal de viviendas, un 131% más que el año anterior (cuando Sánchez llegó al poder).

Los socios del Gobierno socialcomunista se han negado a endurecer la ley para asegurar la propiedad privada. En numerosas ocasiones, PSOE y Podemos han rechazado en el Congreso las iniciativas de la oposición para combatir el fenómeno. En septiembre, por ejemplo, rechazaron la toma de consideración de una proposición de ley de Vox para modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas a los usurpadores. La iniciativa planteaba que la Policía pudiese desalojar a los okupas sin la correspondiente orden judicial. El PSOE alegó que existen «amplísimos instrumentos para combatir estos delitos», pese a que las cifras dicen lo contrario, mientras que Podemos atacó a los «fondos buitres» por disponer de vivienda vacía.

En febrero, los partidos del Gobierno y sus aliados separatistas rechazaron también una proposición de ley presentada por el Partido Popular para combatir el problema de la okupación con medidas como las penas de cárcel, prohibir que los ayuntamientos empadronen a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos y la protección a los vecinos afectados por estas situaciones. Los socialistas calificaron la propuesta de «superflua» y Podemos criticó que se «sobredimensionaba» el problema. Desde el PP se acusó a la coalición de «incitar» a la okupación.

Ley bolivariana

El Partido Popular ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de Vivienda que prepara el Gobierno y con la que pretende intervenir los precios máximos del alquiler. El líder de los populares, Pablo Casado, ha confirmado que las medidas de la norma no se aplicarán en ninguna autonomía o ayuntamiento gobernado por el PP.

PSOE y Podemos obligarán a los grandes propietarios -más de 10 viviendas- a bajar los precios del alquiler en las zonas de mercado «tensionado». En el caso de pequeños propietarios, se les exigirá la congelación de precios y también se establecerán incentivos fiscales para promover la rebaja. Además, los ayuntamientos aplicarán recargos de hasta el 150% a las. viviendas desocupadas.