España se equiparará a Alemania y el Reino Unido, que no tienen ningún aforado

La propuesta del PP de eliminar la totalidad de los aforamientos de cargos públicos equiparará a España a países como Alemania y el Reino Unido, que no tienen ningún aforado. En el caso de Italia, sólo goza de este privilegio el presidente de la República, mientras que en Portugal el presidente de la República, el primer ministro y el presidente del Parlamento sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo.

El caso de Francia es muy similar: el presidente de la República, el primer ministro y los miembros de su Gobierno disfrutan del mismo privilegio. Estas cifras contrastan con la situación de España, donde más de 17.600 cargos públicos son aforados, es decir, disponen de un blindaje ante la Justicia que les permite ser juzgados por un tribunal superior.

Esta cifra incluye al Rey Felipe VI (que de acuerdo con la Constitución no tiene responsabilidad penal y por tanto no puede ser juzgado) y a un reducido número de miembros de la Familia Real: la Reina Letizia, el rey emérito Juan Carlos, la reina Sofía y la Princesa de Asturias sólo pueden ser procesados ante el Tribunal Supremo.

Del mismo modo, diputados y senadores, los miembros del Gobierno y la cúpula del poder judicial sólo deben responder de sus actos ante el Supremo. Con una diferencia: como representantes de la soberanía popular, los diputados y senadores tienen un privilegio añadido: sólo pueden ser procesados si su Cámara concede el suplicatorio. En la práctica, hasta ahora nunca se ha dado la circunstancia de que éste haya sido denegado.

Un blindaje ante la Justicia

Entre los altos cargos del Estado y de la Administración de Justicia, están aforados todos los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, el presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los presidentes de las distintas Salas de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, así como el fiscal general del Estado, los fiscales del Supremo, el Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo de Estado, entre otros.

En cuanto a los jueces y fiscales de base, están sometidos a la justicia ordinaria en los delitos que puedan afectar a su vida privada, pero sólo responden ante el Supremo por los hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos. El aforamiento se extiende también a los miembros de los gobiernos y parlamentos autonómicos, que sólo pueden ser procesados ante el Tribunal Superior de Justicia de su autonomía.

El aforamiento es un arma de doble filo, ya que impide a estos cargos públicos apelar ante una instancia superior (salvo en el caso del Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse sobre la posible vulneración de derechos constitucionales). Pero en la práctica, los partidos políticos controlan actualmente a través del CGPJ el nombramiento de los jueces que deben investigar sus casos de corrupción.

El PP ha recogido ahora el guante lanzado por Ciudadanos y está dispuesto a eliminar la totalidad de los más de 17.600 aforamientos que afectan a altos cargos de la Administración.