El empresario del ‘yatazo’ de Puente también colocó mascarillas al ministerio de Ábalos

Una de las firmas administradas por Sergio Zaitegui, el empresario propietario del lujoso yate donde pasó sus vacaciones en 2020 el actual ministro Óscar Puente, fue una de las contratistas de mascarillas de Puertos del Estado durante los primeros meses de la pandemia. Los mismos en los que operó la trama del caso Koldo. El Ministerio de Transportes encargó a Zaiglobal el suministro de mascarillas FFP2 para la Autoridad Portuaria de Pasajes (Guipúzcoa), ya que de los 8 millones de mascarillas compradas por Puertos del Estado a la empresa del caso Koldo sólo habían llegado 2.000 a esta entidad. Poco después, el empresario, amigo íntimo de Puente, colocaría un pelotazo de 200.000 euros en mascarillas al Ayuntamiento de Valladolid que dirigía Puente.

Zaiglobal, propiedad de Zaitegui, fue la elegida para suministrar 7.000 mascarillas FFP2, a dedo y por trámite de urgencia, al ente estatal que gestiona el puerto de Pasajes.

Según aseguraba este organismo en su memoria justificativa del contrato, «conforme avanzan los días en estado de alarma la situación del aprovisionamiento de mascarillas se va complicando progresivamente, en lugar de regularizarse como se pensaba cuando se hicieron los primeros pedidos. A día de hoy hemos recibido 15.500 mascarillas (2.000 de Puertos del Estado, 3.000 de la Cámara de Gipuzkoa, 3.000 de Seyprel y 7.500 de Zentralcom) cuando deberíamos haber recibido 20.600».

La queja del puerto de Pasajes es significativa, ya que Puertos del Estado fue el organismo público que mayor cantidad de mascarillas habían adquirido de toda España fuera del circuito sanitario, con 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros. De hecho, la compra que realiza la Autoridad Portuaria de Pasajes le sale más cara que la realizada por su matriz, Puertos del Estado: mientras el primero las pagó a 3,5 euros la unidad, el segundo lo hizo a 2,5.

«La extensión de la pandemia a países con mucha población y alta capacidad económica ha alterado el mercado y ha tensionado las cadenas logísticas con origen en China hasta límites insospechados», justificaba la autoridad del puerto de Pasajes, que añadía una crítica al gestor del ministerio: «Ni Puertos del Estado ni el otro proveedor nos han podido dar fechas fiables de entrega de los pedidos pendientes. Con las mascarillas que actualmente tenemos podemos atender a las necesidades del puerto (interpretadas de forma muy restrictiva) hasta finales de julio».

Zaitegui, amigo personal de Óscar Puente, fue el empresario que colocó cerca de 200.000 euros de mascarillas al Ayuntamiento de Valladolid en plena pandemia, a un coste por unidad muy superior de lo que se vendía en esos momentos a otras administraciones. Mientras el Ayuntamiento de Puente las pagó a 3,35 euros por unidad, la misma firma las vendía por 1,95 a la Diputación Foral de Vizcaya.

Aquel polémico contrato cobraría importancia cuando, unos meses más tarde, OKDIARIO desvelaba las lujosas vacaciones de Óscar Puente en plena pandemia en Ibiza, a bordo de un yate Sunseeker Predator de dos millones de euros alquilado que pagó el propio Zaitegui. El alquiler asciende a 1.600 euros diarios. El contrato incluye un servicio completo de comidas y bebidas durante toda la jornada, toallas, equipos de buceo, lancha para bajar a tierra y todo tipo de comodidades. Puente firmó un decreto de sustitución a nombre de su segundo en el Ayuntamiento para ausentarse esos días.

Primera destitución

Este martes, Óscar Puente ha destituido a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, una semana después de ratificarlo en el cargo. Sánchez Manzanares fue el responsable de contratar a la empresa investigada en el caso Koldo para adquirir mascarillas para la institución. El contrato firmado por Puertos del Estado ascendía hasta un total de 20 millones de euros a cambio de 8 millones de mascarillas, el mayor de la trama.

Son 6 los empleados del Ministerio de Transportes que están salpicados por la trama, siendo éste el primer destituido. El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, lo sitúa como el «interlocutor» del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, para adjudicarle el contrato a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

En el auto del magistrado puede leerse que «el interlocutor de Aldama con Puertos del Estado fue Álvaro Sánchez Manzanares, que participó en la adjudicación del contrato con número de expediente E/019/20 en calidad de secretario general de Puertos del Estado».