El PPCV quiere cambiar hasta el nombre del partido

La presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, y los tres presidentes provinciales de la formación Javier Moliner (Castellón), Vicente Betoret (Valencia) y José Císcar (Alicante), pedirán a Génova 13 un congreso extraordinario regional con el fin de limpiar la imagen de la formación, según fuentes cercanas a la dirección del partido autonómico.

La mancha que están dejando los escándalos de la corrupción en la imagen del PP preocupa a los dirigentes populares valencianos, entre los que alguno, ya ha manifestado que la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, debe dejar su cargo como senadora del Partido Popular por Valencia.

Los dirigentes del PP valenciano quieren proponer a Génova 13 que este congreso sea abierto y refundacional, incluso cambiar el nombre del partido regional.

Bonig, Moliner, Císcar y Betoret aspiran a que el nuevo partido abandere la lucha contra la corrupción, la defensa de los valores tradicionales del PP y la valencianía. Y para ello esperan que el partido nacional les permita llevar a cabo la iniciativa, renovarse y recuperar la confianza de su militancia.

Todo esto se produce después de que la ‘operación Taula’ entrara en los intestinos del PP de la Comunidad Valenciana y fueran detenidos dirigentes como Mari Carmen García Fuster, responsable de las cuentas del grupo municipal popular y persona de confianza de Barberá, así como el ex presidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus, la ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento María José Alcón, el ex vicepresidente de la corporación provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, el ex alcalde de Genovés, Emilio Llopis y el ex vicepresidente de Diputación y ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla, entre otros tantos.

A esto se sumo la posterior imputación por el posible blanqueo de capitales de los concejales y asesores del equipo de Barberá durante la anterior Legislatura.

La ex alcaldesa y actual senadora está aforada en la Cámara Alta, pero nueve de los diez concejales actuales del partido en el Ayuntamiento de Valencia tendrán que declarar como investigados (antes imputados) ante el juez, igual que otros ex concejales, asesores y ex asesores.

El Juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga si los ediles y asesores populares pudieron aportar 1.000 euros en efectivo para financiar la campaña electoral de Barberá, unas donaciones que supuestamente se les habrían devuelto posteriormente en efectivo.

Este Juzgado instruye el ‘caso Imelsa’, una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Se investigan contratos desde el año 2003 en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura de Valencia, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraestrucuras educativas) y la Fundación Jaume II El Just.

Barbera: «Ningún contrato se ha amañado»

El daño que los escándalos de corrupción ha hecho al PP ha provocado que algunos cargos del Partido Popular, como el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la propia Bonig, hayan comenzado a presionar en sus declaraciones públicas para Barberá dé explicaciones.

En este sentido, la ex alcaldesa y actual senadora ha emitido un comunicado en el que ha expresado que el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia decretó el secreto de sumario de los hechos en cuestión, por lo que «las informaciones que conocemos son meras filtraciones sobre las que no debo opinar ni comentar».

Barberá ha dicho desconocer cuál es contenido cierto de los hechos investigados y ha rogado mesura y respeto al Estado de Derecho y a la presunción de inocencia.

«Como señalé hace unos días, ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal. Las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fui alcaldesa, no se han puesto en duda», ha expresado.

Además, ha apuntado que a lo largo de su militancia en el Partido Popular ha atendido «las peticiones de donaciones que se me han hecho, como otros militantes, siempre desde la legalidad, con mi propio patrimonio y con total transparencia».