Dos condenadas por el 1-O apartan a Marchena y otros 4 jueces del Supremo de la aplicación de la amnistía

Los jueces del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Carmen Lamela junto a otros tres han aceptado la recusación solicitada por dos consejeras autonómicas del Gobierno catalán condenada por la desobediencia durante el procés. En el marco del procedimiento para aplicar la Ley de Amnistía, la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret; y la consejera de Educación, Anna Simó, han impulsado el reemplazo de cinco magistrados de la Sala Segunda de lo Penal: Manuel Marchena, Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Leopoldo Puente Segura. Fuentes jurídicas confirman a OKDIARIO que Serret ya ha recibido luz verde a su petición de nombrar otro tribunal para estudiar su petición de amnistía.

El presidente de la Sala de lo Penal decide así abstenerse al reconocer que, si bien «no concurre causa específica de abstención», su intervención puede causar «temor de las partes sobre la parcialidad de este tribunal». Un «temor» que, dice, pretende «evitar». Los magistrados optan por apartarse después de que Serret y Simó solicitaran su recusación acusándoles de falta de imparcialidad debido a sus «intervenciones jurisdiccionales previas». Ahora, la deliberación sobre la amnistía para sus causas sigue suspendida a la espera de constituir por completo una nueva Sala.

Las dirigentes secesionistas celebran que los magistrados se abstengan de su causa, y esperan que el procedimiento continúe con todas las garantías. «La aplicación de la amnistía es inevitable porque la ley es robusta y cumple con el derecho español y europeo», aseguran desde ERC, aunque han advertido reiteradamente de la voluntad de parte de la judicatura de utilizar «mecanismos dilatorios».

La recusación afecta a la titular de exteriores en el marco de su causa por el 1 de octubre, como miembro del Ejecutivo autonómico de 2017, cuando era consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. También implica a la titular de Educación por la causa contra la Mesa del Parlament en 2017.

Meritxell Serret y Anna Simó, respectivamente, pidieron el 15 de julio la recusación de los magistrados del Tribunal Supremo para que se apartasen de la aplicación de la amnistía. Las consejeras les acusan de «falta de imparcialidad». Tras ello, el Alto Tribunal suspendió la deliberación sobre la aplicación de la ley en el marco de ambas causas, a la espera de la resolución sobre la recusación.

ERC dijo en su momento que eran «conscientes de que hay una parte de la judicatura que hará todo lo posible para no aplicar la ley y ya advirtieron de que algunos tribunales utilizarían todos los mecanismos dilatorios posibles». Desde el partido de Oriol Junqueras y Pere Aragonés, no obstante, insisten en que están convencidos de que la ley de amnistía «es robusta» y pasará «todos los filtros constitucionales y europeos».

Condenas

El Tribunal Supremo iba a estudiar a primeros de julio si aplicaba la amnistía en seis casos relativos a delitos de desobediencia y desórdenes públicos enmarcados en el procés, incluidos el de Meritxell Serret, Carme Forcadell y Roger Torrent.

El Supremo debe dirimir si procede aplicar la amnistía al caso de Serret, condenada por desobediencia al participar en la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 mientras estaba en la Consejería de Agricultura. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya le impuso un año de inhabilitación y multa de 12.000 euros.

El tribunal también revisará si amnistía a los cuatro miembros que integraban la Mesa del Parlament en 2017 bajo la presidencia de Carme Forcadell: Anna Simó, Lluis Corominas, Lluis Guinó, y Ramona Buffet. Todos ellos fueron condenados por un delito de desobediencia a multa de 1.200 euros y cuatro meses de inhabilitación.