Díaz amenaza con quitar las ayudas a los caseros si no ofertan su piso en el ‘Idealista’ público

Sumar, formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, amenaza a los caseros con perder las ayudas públicas si las «viviendas que no usan para vivir» no están ofertadas en el nuevo portal inmobiliario público, al estilo de Idealista, en el que está trabajando el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez.

Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, presenta una iniciativa en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, a «condicionar las ayudas públicas a los propietarios de viviendas que no usan para vivir a que estas estén dadas de alta al nuevo portal de la empresa pública estatal». No sólo eso, sino que también exige que estén «bajo las condiciones marcadas por el Ministerio de Vivienda».

El representante de la formación de Yolanda Díaz recuerda que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) «está trabajando en la creación de un nuevo portal de gestión de activos con precios por debajo de los que figuran en el sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda». Con ello, como señala el político de Sumar, se pretende «intervenir mediante la oferta en el mercado residencial».

Asimismo, subraya que la sociedad pública «se encuentra en proceso de adscripción de los inmuebles y suelos integrados en el Patrimonio del Estado» y los de la SAREB para desarrollar «una política de vivienda asequible».

Portal público «a precios asequibles»

El Gobierno va a poner en marcha un «portal digital parecido a portales inmobiliarios como Idealista» para que los españoles pongan sus pisos en alquiler «a precios asequibles». Para que empiece a funcionar, el Gobierno ya ha licitado un contrato público con un gasto de más de dos millones de euros.

Ibáñez ha vehiculado su petición a través de una pregunta para respuesta por escrito del Gobierno. En ella, asegura que «como mínimo, toda bonificación o deducción fiscal debería estar condicionada» a que el piso esté «registrado en dicho nuevo portal».

Si ya está alquilado, asegura que, para recibir dinero público, el piso que el casero ha puesto en alquiler debería «estar condicionado a las mismas condiciones y precios» que los que se oferten en ese Idealista público.

Por ello, el colega de Yolanda Díaz pregunta si el Gobierno tiene previsto «condicionar las ayudas públicas a los propietarios de viviendas que no usan para vivir a que estas estén dadas de alta al nuevo portal de la empresa pública estatal y bajo las condiciones marcadas por el Ministerio».

Impuesto del 25% a la venta de inmuebles

En otra proposición no de ley, el mismo diputado planteó un nuevo impuesto que grave el 25% el precio total de la venta de la vivienda. Los socios del PSOE  aseguran que se pondrá fin al «acaparamiento» inmobiliario y se ampliará el mercado para jóvenes y familias vulnerables.

La medida del ala comunista del Ejecutivo de Pedro Sánchez afectaría a las viviendas que sean vendidas por su propietario menos de 730 días después de comprarlas. Es decir, cuando el piso sea vendido menos de dos años después de haber sido comprado. Habría algunas excepciones en la aplicación de este gravamen, como que en la venta existan por motivos de necesidad de accesibilidad universal, enfermedad o modificación de la unidad de convivencia.

La medida se justifica en que España está sufriendo un «proceso de acaparamiento de vivienda». Desde Sumar, argumentan que los jóvenes son los más vulnerables por esta situación. Además, añaden que en los últimos años ha sido la vivienda «un bien de mercado con el que especular» por parte de un ala «minoritaria» de la sociedad española y por fondos buitre tanto del ámbito nacional como internacional.