La desobediencia a la Policía sube un 20% con Sánchez: radiografía del delito que Bildu ha logrado abolir

Pedro Sánchez se ha plegado a los deseos de Bildu y ha pactado una amplia reforma de la Ley de Seguridad que desprotege a la Policía. Entre los puntos del acuerdo, el Gobierno ha despenalizado el delito de desobediencia, a pesar de que desde que Sánchez llegó a la Moncloa se han incrementado en más de 3.000 los delitos de esta categoría, hasta superar los 15.600 a cierre del pasado año.

Concretamente, la futura ley pondrá fin a la «discrecionalidad» que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, las que más se imponen desde 2015. «Los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Para entender cometida la infracción deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones», reza el citado acuerdo.

Sin embargo, esta despenalización contrasta con el incremento de este tipo de delitos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el año 2019, los delitos de desobediencia han aumentado en más de 3.000, hasta alcanzar los 15.604 en 2023, lo que supone un 20% más que cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Así, quitado el año de la pandemia, estos delitos han superado la cota de los 13.000 de manera holgada.

Con el pacto entre el PSOE y Bildu, sólo podrán sancionarse los "insultos o injurias" que no sean delito, pero siempre que sean "expresiones relevantes" y no la mera negativa a cumplir una orden legal. Además, las sanciones por faltas de respeto se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de infracción grave a leve. En concreto, la desobediencia sólo será sancionable cuando haya un "negativa expresa a cumplir una orden ajustada a la legalidad" o exista una "resistencia corporal a un mandato de los agentes", siempre que estén ajustados a la normativa.

Reforma ansiada por Bildu

Todos esos «aspectos lesivos» que menciona Aizpurua son los que «generaron un bloqueo en la anterior legislatura», como ha recordado la portavoz de Bildu.  La ley fue aprobada por el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy en 2015, cuando contaba con una mayoría absoluta. Desde entonces, las críticas por parte de los partidos de izquierda no paraban de sucederse. Ya marzo de 2017 el PSOE intentó, sin éxito, tramitar esta reforma en el Congreso, ante un Gobierno del PP de Rajoy en minoría parlamentaria.

En la anterior legislatura también trataron de modificar esta norma infructuosamente. El Ejecutivo negoció durante un año y medio con sus socios en más de 50 reuniones formales e informales. La propuesta del Gobierno modificaba 36 de los 54 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, no tocaba ninguno de los preceptos que desde los partidos de la izquierda radical consideran «más lesivos». Son cuatro artículos que desde el inicio marcan las discrepancias, especialmente el material antidisturbios.

La reforma no salió adelante después de que ERC y Bildu votaran en contra del dictamen en la Comisión de Interior en marzo de 2023. Sus votos se sumaron a los de PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Junts, sumando un total de 19 noes frente a los 18 síes de PSOE y Podemos.