España

Cs se suma a la manifestación de los sindicatos de TeleMadrid contra la presidenta Díaz Ayuso

El diputado regional de Ciudadanos (Cs) Ricardo Megías se ha sumado este sábado a la manifestación convocada por los sindicatos de TeleMadrid contra la presidencia del Ejecutivo autonómico, la popular Isabel Díaz Ayuso.

La presencia de Megías en el acto ha provocado el malestar de sus socios del PP, que recuerdan que el Ejecutivo regional no mantiene ningún tipo de control sobre la gestión de TeleMadrid, que depende exclusivamente del Parlamento autonómico desde que entró en vigor la reforma legal impulsada en 2015 por Cristina Cifuentes. Ricardo Megías es el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Control de RTVM y responsable de Turismo de la Comisión de Cultura y Turismo.

Más de un centenar de trabajadores de Radio Televisión Madrid (RTVM) se han manifestado este sábado en el centro de la capital para protestar contra el «estrangulamiento» y el «boicot» al que, según sostienen, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está sometiendo a la cadena pública.

Los manifestantes convocados por los sindicatos del comité de empresa (CC.OO., UGT y CGT) han exhibido una pancarta con el lema «En defensa de RTVM, servicio público esencial. En nuestra Telemadrid caben tod@s».

Cabecera de la manifestación convocada por los sindicatos de TeleMadrid.

Los sindicatos convocantes reclaman el cumplimiento de la ley y la Carta Básica de RTVM, aprobadas en la pasada legislatura, así como recibir, por parte del Gobierno regional, permiso para acometer nuevas contrataciones y cubrir las bajas en la plantilla, informa Efe.

«Queremos informar, no manipular», «Mucho abuso lo de Ayuso» o «El pueblo informado no será manipulado» son algunas de las consignas que han coreado los manifestantes, que portaban carteles con lemas como «La información, tu derecho» o «Dejadnos trabajar».

El presidente del comité de empresa de RTVM, Luis Lombardo, ha recordado que el ERE aplicado hace siete años se saldó con el despido de 861 trabajadores y que el Tribunal Supremo lo declaró luego como no ajustado a Derecho. «Para la ejecución de cualquier tipo de contratos hace falta una autorización de la Comunidad, que no llega», ha indicado Lombardo.