El Constitucional respalda a Sánchez: anula un protocolo canario de menores inmigrantes

El Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido a la cabeza, ha vuelto a demostrar que su mayoría izquierdista está ahí por algo, o para alguien. Porque este órgano de garantías ha acordado por unanimidad respaldar al Gobierno de Sánchez en contra del Ejecutivo de Canarias y su protocolo de menores inmigrantes.

El pleno del Constitucional ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo canario de menores inmigrantes, al anular la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre, por la que quedó aprobado.

Las mismas indican que la mayoría del tribunal ha respaldado la ponencia del magistrado del ala conservadora Ricardo Enríquez, que proponía estimar parcialmente el recurso del Gobierno al considerar que no cabe duda de que el acogimiento de personas menores es un asunto de asistencia social, según informa Ep.

Moncloa impugnó los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024 en relación con los menores inmigrantes, y la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de estos menores en Canarias.

Las fuentes consultadas indican que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos dicha resolución, por la cual quedaba aprobado todo el protocolo; y el apartado segundo del acuerdo del Gobierno de Canarias, de 2 de septiembre de 2024, «en relación con los menores extranjeros no acompañados», salvando así los apartados tercero y sexto del mismo acuerdo, que también fueron recurridos por el Ejecutivo central.

La corte de garantías lo admitió a trámite el pasado 8 de octubre, al mismo tiempo que ordenó suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, si bien ya estaban desactivados cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El nuevo protocolo implicaba que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se hiciera su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por parte de la comunidad autónoma debía hacerse en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existieran, en los lugares habilitados para ello.