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ASAMBLEA MADRID

Ciudadanos salva a Iglesias de que la Asamblea de Madrid pida su dimisión por no condenar los disturbios

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado este lunes con los votos de Ciudadanos y PSOE una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a pedir el cese del vicepresidente segundo del Ejecutivo central, Pablo Iglesias, por apoyar los altercados producidos tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

En concreto el texto, presentado por el portavoz de Justicia, Interior y Víctimas del GPP, Enrique Núñez Guijarro, rezaba que «la Asamblea de Madrid reprueba a todos aquellos portavoces políticos que con sus declaraciones han alentado la violencia» y pedía al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solicitar a Moncloa el cese de Iglesias  «como máximo responsable de un partido -Podemos- que apoya los altercados, así como el cese inmediato de todos aquellos ministros que están justificando la violencia».

Una petición que ha contado hoy con el apoyo de los miembros de la mesa de PP y Vox pero que, finalmente, no ha salido adelante porque tanto PSOE como Ciudadanos han decidido rechazarla, sumando mayoría.

Según han explicado a OKDIARIO fuentes del partido ‘naranja’, la propuesta ha decaído por una «cuestión formal» porque la PNL incumple el reglamento al conminar a la Asamblea a tomar una posición de condena, lo que debería hacerse mediante una declaración institucional y por acuerdo de todos los grupos.

Esas mismas fuentes precisan que Ciudadanos sí comparte el espíritu de la iniciativa, ya que su propio líder regional, Ignacio Aguado, ha pedido la dimisión de Iglesias y del portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, quien llegó a tuitear su apoyo manifiesto a los vándalos en la red social Twitter.

Además, el texto solicitaba «que el Gobierno de España en su conjunto apoye de manera inequívoca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tiene como misión garantizar nuestra seguridad» y una «condena firme y rotunda contra todas aquellas manifestaciones de violencia que se están desarrollando en estos días en diferentes ciudades».

Tal y como recuerda Núñez Guijarro, Pablo Ribadelago, conocido por su nombre artístico de Pablo Hasél, fue detenido el pasado 16 de febrero condenado a dos años y nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por delito de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona a través de canciones y mensajes en redes sociales.

Una condena que se une a otra en 2017 por delito de ofensa al exalcalde de Lérida, otra en 2018 por violación de una sede del Banco Santander, otra en 2020 de dos años y medio de cárcel por agredir a a un testigo en un juicio y otra de seis meses ese mismo año por agredir a un periodista de TV3.

Tras la detención e ingreso en prisión de este delincuente, se desataron en Barcelona fuertes disturbios que incluyeron agresiones a policías, quema de contenedores, destrozos de mobiliario urbano y saqueos de locales.

El vandalismo llegó también a las calles de Madrid donde, recordaba la PNL, «se lanzaron adoquines a la policía» y más de 35 agentes resultaron heridos lo que demuestra «las verdaderas intenciones de aquellos individuos que no querían ejercer el legítimo y constitucionalmente protegido derecho a manifestarse» sino practicar la violencia.

«Los violentos, una vez más jaleados por algunos irresponsables decidieron romper la convivencia pacífica de los madrileños y utilizar la propuesta como elemento de guerrilla urbana contra el Estado, encarnado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», esgrimía.

«Lanzar adoquines, quemar mobiliario urbano y agredir a los agentes de la ley, no es la expresión de ningún ejercicio democrático de reivindicación. Más bien, es la materialización del intento de subvertir el Estado de Derecho que otorga la Constitución Española», aseveraba el texto registrado en la Asamblea por Núñez Guijarro.

Para el parlamentario, nadie puede dudar -como ha hecho Iglesias en diversas ocasiones- de que «España es un Estado de Derecho y menos aún responsables políticos que han sido elegidos democráticamente y ostentan altas responsabilidades de gobierno».