El CGPJ aprovecha su ‘Plan de Choque’ contra el coronavirus para incluir medidas contra la independencia judicial

Sentencias verbales en lugar de escritas, habilitar el mes de agosto, suprimir los recursos ante ciertas decisiones judiciales o mover a discreción a jueces especialistas a otras plazas con mayor carga de trabajo… Los jueces dan, una vez más, la voz de alarma. Tras recibir el borrador del ‘Plan de Choque’ diseñado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para prevenir un futuro colapso generalizado en los juzgados, una vez se supere la crisis sanitaria del coronavirus, los magistrados elevan las críticas contra su órgano de gobierno: algunas de las medidas recogidas en el documento son de «dudosa constitucionalidad».

En un comunicado emitido por Foro Judicial Independiente, una de las principales asociaciones profesionales, los magistrados muestran su gran preocupación «al observar que junto con las medidas de agilización procesal» que se recogen en el documento, el CGPJ incluye otras de «carácter estructural y con vocación de permanencia que pueden afectar a la independencia judicial, la competencia, la tutela judicial efectiva y la especialización, entre otras muchas» que provocarán «graves daños a los derechos y garantías procesales de los ciudadanos», una vez el sistema judicial vuelva a la normalidad.

El Consejo envió a finales de la semana pasada un texto inicial de trabajo -el primero de un plan que contiene cinco bloques- cuyo objetivo principal pasa por evitar la saturación de la Justicia, «agilizar al máximo la resolución» de todos los asuntos cuyo retraso afecte de manera negativa «en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables», y proporcionar a los jueces y magistrados herramientas para volver a la normalidad con garantías pese al «incremento de las cargas de trabajo» a las que tendrán que hacer frente.

Sin embargo, jueces y magistrados consideran que la crisis sanitaria es la excusa de su órgano de gobierno para incluir reformas en Justicia que «nos preguntamos si seguirían en un cajón de no haber sido por la trágica aparición de esta pandemia» y que reducen, directamente, las garantías de nuestro sistema.

Fondo y forma

«Tenemos muchas razones para censurar el modo y forma en que se nos ha hecho llegar este documento de elevado carácter técnico por parte de un Gobierno del Poder Judicial que lleva más de un año de prórroga de sus funciones y que desde el año 2014 no ha prestado la mínima atención a las necesidades de mejora de los procedimientos en los diversos órdenes jurisdiccionales, todos ellos lastrados por la sobrecarga y la dejadez institucional», denuncian los jueces en su comunicado.

«Hemos podido observar que hay propuestas legislativas que requerirán el consenso de los grupos parlamentarios, pero al mismo tiempo se contempla su aprobación por decreto», apuntan desde la Junta directiva de Foro Judicial Independiente.

Además, consideran inadmisible «que se proponga destinar las retribuciones variables de los jueces a abordar las necesidades de sustitución y refuerzo de Juzgados, mientras que el documento no contiene ni una sola medida para racionalizar el gasto del Consejo».

En un escenario de futura «emergencia judicial» como el que se espera, las medidas «deben ser pocas, concretas y esenciales». Y, sobre todo, encaminadas a integrar la convivencia del COVID-19  con la actividad judicial que, a priori, «es incompatible con las medidas sanitarias de prevención. Las dependencias judiciales no reúnen garantías para los ciudadanos ni para los que trabajamos en ellas», concluyen en una nueva crítica al Consejo.