Los CDR recolectan más dinero para su caja de resistencia ante próximas detenciones «represivas»

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) se preparan logísticamente para las protestas que llevarán a cabo cuando el Tribunal Supremo haga pública la sentencia sobre el procés, previsiblemente este lunes. Y entre las acciones que están realizando en la sombra se encuentra la recolecta de donaciones para dar cobertura y asistencia jurídica a quienes sean objeto, sostienen, de detenciones «represivas».

Estos comandos violentos han emplazado a sus integrantes y simpatizantes a ir reservando dinero para pagar la defensa de futuros detenidos en protestas callejeras. Este mensaje ha sido trasladado a través de sus canales internos con la vista puesta en la ola de «desobediencia civil» que prepara el secesionismo bajo el eufemismo de ‘Tsunami Democrático’.

Los CDR se han movilizado en las últimas semnas para costear la defensa de los nueve detenidos en la ‘Operación Judas’ con planes para atentar en Cataluña, según los investigadores, en este mes de octubre. De hecho, la organización separatista recaudó más del dinero previsto en «sólo 24 horas», por lo que ha instado a sus donantes a guardar ya próximas aportaciones. «Nunca ninguna represaliada sola», sostienen a modo de lema y utilizando el femenino para referirse al conjunto de seguidores.

Este llamamiento a inminentes donaciones se produce además un momento en que el separatismo atraviesa sus horas más bajas de los últimos años, tal y como quedó evidenciado en la manifestación del segundo aniversario del referéndum ilegal. De los 180.000 independentistas, según la Guardia Urbana, que salieron a las calles de Barcelona aquella jornada de 2017, se pasó este 1 de octubre a apenas 18.000 personas. Un pinchazo histórico.

Caixa d’Enginyers

La cuenta que habilitaron los CDR en solidaridad con los detenidos el pasado 23 de septiembre pertenece a Caixa d’Enginyers, una entidad bancaria con la que operan otras organizaciones del brazo civil del separatismo como Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). De igual modo, Caixa d’Enginyers también ha gestionado fondos para gastos de los protagonistas del golpe de Estado de otoño de 2015.

Por ejemplo, así ocurrió con el pago de la fianza para que la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, eludiera la prisión. El cheque con los 150.000 euros de fianza salieron de la propia Caja de Ingenieros.

Además, esta entidad también fue la que concedió la hipoteca a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, para la compra de su casoplón en Galapagar (Madrid), y al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, para la adquisición de una vivienda en Sabadell.