Puigdemont seguirá su «lucha» y confía en que el juez alemán aprecie «persecución política» en su caso

El ex presidente catalán Carles Puigdemont confía en que la Justicia alemana entenderá que se le quiere juzgar en España por una «causa política» y rechaza renunciar, aunque la apuesta inminente de JxCat es recuperar la investidura de Jordi Sànchez, pese a estar también encarcelado.

Puigdemont ha recibido este miércoles en la cárcel de Neumünster (Alemania) la visita de su mujer, Marcela Topor, y también del vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, con quien ha mantenido una reunión de unas dos horas en la que lo ha visto «muy entero y determinado» a seguir con su «lucha política».

Costa se ha reafirmado en que Puigdemont es el «presidente legítimo electo por los catalanes» y que, si no puede ejercer ese cargo «es por la inadmisible injerencia» de la Justicia del Estado español, al tiempo que ha dejado claro que «no renunciará ni dará un paso atrás».

Asimismo, ha transmitido la «plena confianza» del líder independentista en que la Justicia alemana entenderá que se le persigue por «causas políticas», aunque el Gobierno germano ha insistido hoy en que la decisión sobre la extradición a España es una cuestión meramente judicial, en la que no puede haber ningún tipo de intervención del Ejecutivo.

Mientras Puigdemont espera en el norte de Alemania a que la Justicia del país examine su extradición a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, los ex consellers huidos en Bélgica Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig comparecerán este jueves en Bruselas ante un juez de instrucción que decidirá si impone medidas cautelares a esos tres políticos reclamados por la Justicia española.

En el Parlament, este jueves se celebrará un pleno para tratar diversas propuestas, entre ellas la resolución de Ciudadanos para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, dé explicaciones sobre el bloqueo en la investidura.

Antes del inicio del pleno se reunirá la Mesa y la Junta de Portavoces para abordar las peticiones de reconsideración de PSC, Ciudadanos y PP sobre la delegación de voto de Puigdemont que aprobó la misma Mesa.

Un acuerdo que los servicios jurídicos del Estado estudian ya, para dilucidar si supone un desafío a las medidas dictadas por el Tribunal Constitucional.

Con el voto delegado al menos de momento, el ex presidente catalán no prevé renunciar al acta de diputado, ya que desde JxCat no descartan la posibilidad de investirlo más adelante.

La apuesta inmediata vuelve a ser Sànchez

Aunque, según fuentes de JxCat, la apuesta inmediata es reactivar la candidatura de Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real (Madrid), aprovechando las posibilidades que creen que puede ofrecer el hecho que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya aceptado a trámite la demanda que presentó del ex líder de la ANC.

Si el Tribunal Supremo mantuviera la negativa a excarcelar a Sànchez, entonces se activaría un plan alternativo, que, esta vez, pasaría por investir algún diputado de JxCat en libertad, con los nombres de Elsa Artadi, que pierde fuerza; Marc Solsona (alcalde de Mollerusa), Marta Madrenas (alcaldesa de Gerona) o incluso el ex conseller Ferran Mascarell, que aún no es parlamentario pero podría serlo si renuncian los procesados.

Esta estrategia del independentismo no la comparte Catalunya en Comú-Podem, que ha insistido este miércoles en la propuesta de constituir un Govern de independientes, pero ha puntualizado que no verían con buenos ojos que estuviera liderado por un candidato de JxCat.

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha recibido a los líderes de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), David Saldoni y Josep Maria Cervera, respectivamente, quienes le han brindado su apoyo para colaborar en un bautizado como  «amplio frente antirrepresivo» frente a la actuación judicial con los líderes del proceso soberanista.

Desde el Gobierno, han proseguido las críticas a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que desde el Ministerio de Justicia han equiparado con «regímenes totalitarios y nazis ya superados», mientras que el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, les ha acusado de actuar «a modo de células organizadas» para «causar daño».