Las cárceles catalanas al borde del estallido tras la saturación provocada por el cierre de la Modelo

La cárcel Modelo de Barcelona echó el cierre el pasado 8 de junio tras más de un siglo de historia. Pero su clausura y el consiguiente traslado de sus 950 reclusos (de los que quedaban 4oo justo antes de cerrar) a cinco de las diez cárceles con que cuenta Cataluña ha supuesto que estos centros vean aún más saturada su capacidad y se dispare el riesgo de agresiones.

El cierre del histórico centro penitenciario se comenzó a estudiar hace 30 años, pero nunca se llevó a efecto por los gobiernos de CIU o PSC ante los numerosos inconvenientes que planteaba. Ha sido este año, en plena escalada del proceso independentista, cuando el Govern de Puigdemont y Junqueras ha dado luz verde a una operación cuyos efectos, advierten los sindicatos, se traducen en el colapso del resto de las cárceles. «Los políticos decidieron echar el cierre este año, lo hicieron con prisas y no por los motivos que dieron para explicarlo», explican a OKDIARIO fuentes de los servicios penitenciarios.

Símbolo de la represión franquista

Y es que desde la Generalitat se esgrimió oficialmente que el edificio estaba obsoleto y que precisaba una inversión de 25 millones de euros. También se adujo la presión vecinal en una zona tan céntrica de la capital catalana. Pero las verdaderas razones apuntan a un fin político: «La Modelo se cierra este año por ser un símbolo de la represión franquista de España en Cataluña, es lo que se esconde tras esa medida, ya que es una cárcel por la que pasaron Companys o Pujol y con muchas connotaciones para los independentistas», aseguran algunas fuentes.

Un tanto que PdeCAT y ERC han querido rentabilizar en pleno acelerón independentista, con el «procés» a toda máquina. Pero que no ha contado con las consecuencias. «Y no sólo para la seguridad de los funcionarios de prisiones o de los propios reclusos. También para sus familiares o abogados», lamentan los expertos consultados por este periódico.

Masificación y agresiones

Consecuencias que se viven en las cárceles de la provincia de Barcelona como Quatre Camins, Brians 1 y Brians 2. Las tres han visto incrementada su población reclusa en un 35 %. Cárceles con capacidad para no más de 1.000 presos que se ven absolutamente desbordadas y en las que, denuncian los sindicatos, se ha disparado el número de agresiones: en lo que va de año se han duplicado con respecto a 2016. Según datos de la Confederación Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario de prisiones , en el primer semestre de 2017 son ya 114 los casos de agresión registrados, cuando en 2016 el total ascendió a 151.

Llaman la atención casos como los de los dos centros penitenciarios más conflictivos y que absorben el 70 % de los presos en Cataluña: el CP Quatre Camins, que hasta el mes pasado registraba casi 40 agresiones por parte de internos frente a las 8 de todo el pasado año. Y el del CP Brians 1, que terminaba el semestre con 38 casos de agresiones por las 12 con que acabó el año 2016. Las consecuencias: sólo en el mes de junio han causado baja por haber sufrido algún tipo de agresión un total de 14 funcionarios. Cifras que CSIF califica de «alarmantes».

Un polvorín que puede estallar este verano   

Las cinco centrales sindicales con representación en servicios penitenciario (CSIF, UGT, CC.OO, CATAC y ACAIP) alertan sobre la situación de algunas prisiones, en las que la ratio actual es de un funcionario para cada 20 internos. Con cárceles en las que la falta de recursos humanos las convierte en un auténtico polvorín: en Brians 1 hay módulos de 220 personas, y casos en los que un solo funcionario tiene que encargarse de 50 presos. Nada que ver con las cifras «completamente falsas», como denuncian los sindicatos, que publicita la Conselleria de Justicia. Así, la Generalitat sostiene en su web que cada funcionario atiende a una media de 2,5 internos.

«La Generalitat quiere vender que no hay hacinamiento cuando ni la tasa de reposición se cumple, y entre bajas, jubilaciones o fallecimientos cada vez somos menos», lamenta Antonio González, portavoz federal de UGT Prisiones. «Las agresiones, la falta de personal, el incremento de internos y la masificación se traducen en más riesgos, mayor peligrosidad y un aumento de bajas laborales», añade Alberto Gómez, responsable de Prisiones de CSIF en Cataluña.

Cataluña es la única comunidad que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, que gestiona sus cárceles y que cuenta con un sistema de tratamiento distinto

Y, además, con el «hecho diferencial» que también existe en el sistema penitenciario que rige en esta comunidad autónoma, la única que tiene asumidas las competencias en materia penitenciaria. «A diferencia del resto del Estado, los funcionarios pasan más tiempo en contacto con los internos, ya sea en el interior del centro, en los patios, o en la enfermería proporcionándoles medicamentos», nos explican. «Aquí, el sistema vigente aboga por el tratamiento y la atención al 100 % y en el día a día, no como en otras cárceles españolas donde los trabajadores se encuentran más protegidos, no tienen que abandonar con tanta frecuencia sus puestos y mamparas. Lo que supone que el peligro sea todavía mayor», afirma Gómez.

El verano es además época considerada «caliente» ya que las plantillas se reducen por las vacaciones y la posibilidad de que los funcionarios sean agredidos, por motivos que pueden ir desde no poder repetir zumo en el desayuno a no acatar la normativa a la hora del recuento, aumenta exponencialmente.

La Modelo cerró tras 113 años de historia, en los que albergó un total de 150.000 de reclusos. Entre ellos, y además de los ya citados Lluís Companys,o Jordi Pujol, Salvador Puig Antich, el etarra Jon Paredes «Txiki» , Javier de la Rosa o Juan José Moreno Cuenca, más conocido como «El Vaquilla».

El conseller de Justicia, Carles Mundó, aseguró el pasado junio que el cierre de la Modelo se debía a que el centro se había quedado «obsoleto» y que requería una inversión urgente de 25 millones de euros para reformarla, y que respondía a una «demanda vecinal histórica». La Generalitat negó que su clausura (que contó con los votos a favor de todos los partidos en el parlamento catalán salvo el PPC, que se abstuvo) fuera a colapsar el resto de prisiones, que con el cierre han aumentado en un 5 % su índice de ocupación, hasta el 72 %.