Belarra condenada a pagar 9.000 € al juez García-Castellón por llamarle «corrupto» y «prevaricador»
La secretaria general de Podemos vertió estas palabras a través de su cuenta oficial en las redes sociales
Un juzgado de Madrid sentencia que las palabras de Belarra constituyen "una intromisión del derecho al honor" del juez
El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid ha condenado a Ione Belarra, secretaria general y diputada de Podemos, a pagar 9.000 euros de indemnización a Manuel García-Castellón, ex magistrado de la Audiencia Nacional, por llamarle corrupto y prevaricador.
Así consta en la sentencia, que deriva de una demanda de García-Castellón a Belarra tras unas palabras vertidas por la líder podemita en su cuenta oficial de las redes sociales y que constituyen «una intromisión ilegítima del derecho al honor» del magistrado, ya jubilado. El juzgado también condena a Ione Belarra a que difunda el contenido de la sentencia en su perfil de la red social X, «en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características».
García-Castellón denunció un «daño moral» por esas declaraciones y reclamó ser indemnizado por Belarra con 350.000 euros o la cantidad que «tenga a bien fijar el juzgado teniendo en cuenta los antecedentes de la demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma».
Para el que fuera instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que «las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas». Además, García-Castellón recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, «aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada».
Belarra, por su parte, defendió públicamente que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.
El ex magistrado presentó en un primer momento su demanda ante el Tribunal Supremo, que determinó que no es el órgano competente para dirimirla porque las palabras que dirigió Belarra en redes no las profirió «en el ejercicio de su cargo». Cabe destacar que la secretaria general de Podemos está aforada ante el Alto Tribunal por su condición de diputada.
La Sala de lo Civil del Supremo señaló que la competencia correspondía a los juzgados de primera instancia y dejó en manos de García Castellón impulsar el caso en los mismos. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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