Ayuso pondrá fecha de caducidad a sus leyes para ir renovándolas y que no queden «obsoletas»

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 02/07/2023 06:54
  • Actualizado: 02/07/2023 06:54

El recién estrenado nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene ya una larga lista de tareas pendientes a llevar a cabo esta legislatura, entre ellas, la de poner fecha de caducidad a las leyes para que no queden caducas y evitar la sobrerregulación sin sentido.

De esta forma, Ayuso quiere que las normas que vaya aprobando su Ejecutivo tengan una cláusula en las que se obligue a los legisladores a revisarlas «cada cierto tiempo». «La idea es que cada cierto tiempo se tengan que revisar todas las leyes, puesto que con el paso del tiempo se van quedando obsoletas, van surgiendo otras que las pueden afectar, que se puede detectar que están generando problemas…», señalan fuentes de la Puerta del Sol, que reconocen que la medida aún debe terminar de ser perfilada.

Una tarea que recaerá en el nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, que deberá fijar cuáles serán esas fechas de caducidad en leyes como, por ejemplo, la de deducciones fiscales que Ayuso quiere que salgan adelante en el primer periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid.

Se trata de una deducción del 20% sobre el total de la inversión realizada por quienes no hayan vivido en España en los últimos cinco años, independientemente de la nacionalidad de origen. Afecta tanto a inversiones en activos financieros como inmobiliarios, con la condición de que se mantenga durante al menos seis años. Una medida que el Gobierno de Ayuso quiso sacar adelante la pasada legislatura pero precisaba del apoyo de Vox que rechazaba esa medida por no incluir a todos los madrileños.

Sin embargo, ahora, con una holgada mayoría absoluta de 70 diputados, Ayuso no tendrá problema en sacar esa medida con los votos únicamente del grupo parlamentario popular.

Además, el departamento encabezado por Miguel Ángel García, en quien también ha recaído la portavocía del Gobierno, además tiene como deberes establecer el silencio administrativo positivo para que la respuesta sea favorable al ciudadano cuando la Administración no resuelva los expedientes en los plazos previstos.

Esta medida fue anunciada por Díaz Ayuso durante la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales del pasado 28 de mayo: «Tiene que haber burocracia, pero tiene que ser ágil, cercana y facilitar la vida a los demás», enfatizó, porque no se puede «hacer perder el tiempo al ciudadano».

«No es de recibo que tantas familias y tantos autónomos, que tantos ciudadanos vean cómo los trámites administrativos tardan meses e incluso años en ejecutarse», apostilló Ayuso, que calificó de «abuso y un exceso de autoridad» esta circunstancia, «como lo son los impuestos excesivamente altos cuando son confiscatorios o el exceso de burocracia».