Los ayuntamientos se alzan contra el ‘basurazo’: «Los vecinos pagarán mientras está en duda su legalidad»

Los ayuntamientos españoles se levantan contra la nueva tasa de basuras de Pedro Sánchez, que tendrán que aplicar antes de abril de 2025. Sin embargo, el caos en la aplicación de este gravamen, así como la falta de desarrollo legal por parte del Gobierno, hace prever una oleada de recursos. Desde la Federación Española de Municipios (FEMP) se alerta de que mientras se dirime la legalidad de este basurazo, muchos españoles tendrán que hacer frente a este coste, que en algunos municipios se ha disparado hasta un 80%.

La obligación de que sea un impuesto diferenciado -es decir, que no pueda ir dentro de otros impuestos- abre una situación de inseguridad jurídica para muchos ayuntamientos. Por ejemplo, los municipios del área metropolitana de Barcelona no tienen este impuesto y dudan de cómo deben crearlo de cero; en la capital catalana se paga en función del consumo de agua; mientras que en Madrid la tasa de basuras está incluida en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

«Los vecinos van a pagar más mientras se pone en cuestión la legalidad de este cobro», advierten desde la FEMP, que asegura que se trata de una tasa generalizada que están cuestionando los propios funcionarios de Administración Local y, además, va a provocar una avalancha de recursos. Así, desde la Federación señalan que el Gobierno, con la imposición de la tasa de basuras, realiza un cambio importante en cuanto a la concepción de las tasas locales en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puesto que tal como se deduce de su artículo 20.1, las tasas son un tributo de imposición voluntaria para las entidades locales. Sin embargo, la tasa de basuras de Sánchez establece por primera vez la obligación de que los ayuntamientos dispongan de un impuesto para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia.

La Federación Española de Municipios no ha sido la única en alzar la voz. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido uno de los más críticos. «Los ayuntamientos vamos a sufrir un sanchazo, porque esto es un sanchazo en forma de tasazo. La tasa de basuras no es cierto que venga de la normativa comunitaria, viene de la ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez», apostillaba el primer edil. En esta línea, Almeida ha asegurado que esta tasa se ha instaurado «sin diálogo ni consenso» con los ayuntamientos, algo que genera «notable inseguridad jurídica porque no está definida en la legislación estatal».

En esta línea, la Federación Madrileña de Municipios (FMM) ha emitido un manifiesto en el que pide al Gobierno de España que su aplicación no sea obligatoria. Considera que esta imposición ataca a la «autonomía de los ayuntamientos» y llega además en un momento económico que no resulta el más adecuado. Por eso, piden al Ejecutivo volver al «carácter potestativo» de la tasa, de manera que sean los propios municipios quienes decidan si implantarla o repercutir el coste de la gestión de los residuos con cargo a otros impuestos o partidas del presupuesto municipal, como ya hacían algunos consistorios.

Tergiversa la normativa de la UE

El punto de partida fue la Directiva 2008/98/CE que estableció unos objetivos ambiciosos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y obligó a los Estados miembros a tomar diferentes medidas, enumerando distintos instrumentos económicos, entre los que se encuentran las tasas y los sistemas de pago por generación de residuos. Para dar cumplimiento a esta normativa, el Gobierno aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que implantó la obligación para las entidades locales de establecer, en el plazo de tres años, una tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Sin embargo, tal y como reconocía el propio Ministerio de Hacienda en un informe, esta normativa europea no obligaba a imponer esta tasa de basuras a los ayuntamientos. «El literal del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 establece que la tasa permita implantar sistemas de pago por generación. Por tanto, la norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo con efectos a partir del 10 de abril de 2025, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación», reza el documento remitido por el organismo de María Jesús Montero, en el que explicaba las cuestiones relevantes en relación con el establecimiento y gestión de esta tasa.

Es decir, mientras la Unión Europea se refiere a imponer tasas a los productores de residuos según la cantidad real que generen, con el objetivo de reducir los residuos mezclados bajo el principio de quien contamina paga, Sánchez tergiversa la normativa para imponer un impuesto individualizado, así como exigencias a los municipios para que reutilicen el 55% de las basuras recogidas y separen un 77% de las botellas de plástico del resto de residuos.