La Audiencia rechaza investigar a Esperanza Aguirre por las camas del Hospital Puerta de Hierro

La Audiencia Provincial de Madrid cierra la puerta a la imputación de Esperanza Aguirre por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro. Los magistrados han rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a la ex presidenta regional por un delito de prevaricación al considerar que no está justificado.

De este modo, la Audiencia comparte el criterio de la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, que el pasado noviembre ya rechazó su imputación al considerar que no existían indicios suficientes para implicar a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Según argumentó la juez y recogen ahora los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, que Esperanza Aguirre fuera la máxima responsable de la Comunidad de Madrid en mayo de 2008, cuando tuvieron lugar los hechos, «no justifica» su imputación, porque  no se puede atribuir una responsabilidad penal «por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en una organización, por muy alto que sea».

Lo mismo sucede en el caso del ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, de la ex viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Sánchez Fernández, y del ex director General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos Jesús Alejandro Vidart, para quienes el Ministerio Público también solicitaba declaración como investigados.

Aguirre no dio la orden

El Hospital Puerta de Hierro, inaugurado en 2008, fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado, un modelo en el que empresas privadas corrían con el gasto de su construcción a cambio de un canon anual por explotar los servicios no sanitarios de dichos centros. Ese pago se calcula en función del número de camas.

Por ello, en noviembre de 2020, Anticorrupción puso el foco en la modificación de 135 habitaciones que, en 2008, a pocos meses de su inauguración, pasaron de ser dobles a individuales, lo que redujo el número de camas de hospitalización en base a las cuales se calculó el canon sin que ello, sin embargo, supusiera reajusto económico alguno.

Para la Fiscalía, la reducción de esas 135 camas se hizo al margen «del más mínimo procedimientos administrativo» por ello, el asunto de la cuestión pasa ahora por determinar quién dio la orden.

En el auto del pasado mes de noviembre, la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, sostiene que de la declaración prestada por la hasta ahora única investigada, la que fuera directora General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos de Sanidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Elena de Mingo, no se deduce que «la resolución sobre la reducción del número de camas del hospital procediera directamente de la presidencia de la Comunidad de Madrid».

De hecho, la juez recuerda que en el escrito del Ministerio Fiscal se manifestaba que De Mingo «procedió a modificar de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda», adjudicado por el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes mediante Orden de 18 de marzo de 2005.

El 28 de mayo de 2008, se produce la Orden de Cambio 44, en virtud de la cual 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales, invocándose como sustento habilitante una resolución de 5 de mayo de 2008 de la Dirección General dictada a requerimiento de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La magistrada, sin embargo, explica que de las diligencias practicadas, incluida la información remitida por el Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad el 4 de noviembre de 2019 y por la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y de Farmacia de 15 de enero de 2020, «no se ha aportado la Orden de la Dirección General de Infraestructuras de 5 de mayo de 2008 para convertir las habitaciones dobles en individuales».

Por ello, incide en que en base a lo declarado por De Mingo no se puede llegar a la conclusión de que la resolución sobre la reducción del número de camas del hospital «procediera directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».