La Audiencia de Madrid confirma la imputación de Podemos por financiación irregular

Podemos seguirá imputado por financiación irregular. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del juez del caso ‘Neurona’, Juan José Escalonilla, de seguir investigando a la formación de Pablo Iglesias por presuntos delito electoral y de financiación ilegal.

La Audiencia de Madrid además ha urgido al instructor a concretar los delitos que cabe imputar a la formación ‘morada’ para evitar que la investigación pueda prolongarse «innecesariamente».

En un auto, la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por Podemos contra el auto del 10 de septiembre en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, se ratificó en su decisión de investigar a la organización política por dichos delitos, tal y como ya había acordado en una providencia anterior del 28 de julio.

En sendas decisiones, Escalonilla, que en ese momento indagaba sobre cuatro hechos supuestamente delictivos denunciados por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, optó por acotar la investigación sobre el partido al contrato firmado con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, al sospechar que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘morada’.

No obstante, la Audiencia de Madrid también ha instado al juez instructor a «determinar con celeridad qué delito o delitos cabe atribuirle como tal persona jurídica, de los incluidos en el catálogo de ‘numerus clausus’ según la legislación vigente aplicable y, más concretamente, con referencia a los hechos incardinables en el artículo 304 bis del Código Penal» (financiación ilegal).

La Audiencia Provincial ha apremiado a Escalonilla «para evitar que pueda prolongarse innecesariamente la investigación sobre el partido político Podemos en su posición de investigado, en aras de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión».

La decisión del juez 

El juez Juan José Escalonilla ordenó hace sólo una semana que Podemos siguiera imputado, como persona jurídica, en la causa de financiación irregular. En el auto, el magistrado responde a la solicitud de los morados y resuelve «no haber lugar a acordar el sobreseimiento libre, ni tampoco el sobreseimiento provisional, de la presente causa respecto del partido político Podemos».

El juez dictó esta resolución de acuerdo con la Fiscalía Provincial de Madrid, que subrayó que la formación morada liderada por Pablo Iglesias debe continuar con la condición de investigada porque los hechos que se le atribuyen son «susceptibles de ser incardinados en el delito de financiación irregular de los partidos políticos».

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 expone que «es objeto del presente procedimiento la presunta comisión por parte de cargos ejecutivos de Podemos de un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la LOREG, al existir indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral  designada para las elecciones del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio».

Asimismo el magistrado señala que «existen indicios de que el contrato suscrito por dicho partido político y la sociedad Neurona Comunidad S.L. en fecha 25 de febrero de 2.019 se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mejicana, concretamente a Creative Advice Interactive» vinculada a la chavista Neurona Consulting.

Partiendo de lo anterior, prosigue el instructor, «de la propia conducta objeto de investigación se infiere que dicha presunta distracción de dinero respondía a otra finalidad distinta, que señaló el denunciante José Manuel Calvente, podía ser la de financiar a partidos extranjeros, a la previa financiación ilegal del propio partido político Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido político en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan».

Por ello el magistrado acuerda que Podemos es objeto de las investigaciones dado que pudo haber cometido un delito de financiación ilegal de partidos políticos tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal, del que la formación puede ser responsable penal.

El instructor narra en su auto la investigación interna llevada a cabo por los abogados purgados de Podemos, José Manuel Calvente y Mónica Carmona. Ambos apreciaron irregularidades internas e iniciaron una investigación. Este fue motivo suficiente para que los de Iglesias ejecutaran un linchamiento contra los dos letrados y finalizara con el cese de ambos.

El juez añade que el cese fulminante tanto de Carmona y Calvente «resulta igualmente expositivo de tal falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o cultura de cumplimento de las normas legales».