Así responde Marruecos a las cesiones de Sánchez: expulsa a dos abogadas españolas del Sáhara

Marruecos sigue subiendo el listón de las provocaciones a España. Si empezaba la semana apropiándose por enésima vez de Ceuta y Melilla, la acaba con un nuevo desprecio a España y al Gobierno de Sánchez que tantas concesiones ha hecho al reino alahuita: según denuncia el Consejo General de la Abogacía, Rabat ha expulsado a dos abogadas españolas en misión de la Abogacía en el Sáhara Occidental.

El Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado a Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que emita una queja por escrito ante Marruecos por expulsar del Sáhara Occidental a dos abogadas, «sin que exista ninguna clase de causa que lo justifique». Las abogadas españolas Inés Miranda y Lola Travieso, de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, han denunciado su expulsión este sábado de El Aaiún, donde iban a llevar a cabo una misión de verificación de la situación de los derechos humanos en este territorio. De esta manera, la Abogacía insta a Sánchez a que muestre su disconformidad con esta expulsión que considera «irregular e injustificada».

Las juristas Inés Miranda y Lola Travieso viajaban en un vuelo desde Canarias a El Aaiún en una misión de observación avalada por la propia Abogacía Española. Al llegar a suelo saharaui, las fuerzas marroquíes les han negado el derecho de salir del avión. Una situación de la que ya ha dado cuenta la Abogacía Española a Exteriores a través de un escrito en el que considera que el Ministerio debería formular una queja por escrito ante las autoridades marroquíes por impedir el acceso de las dos abogadas.

«Las fuerzas marroquíes nos han impedido por la fuerza que pudiésemos bajar del avión. Yo sólo he podido bajar tres escalones y tuvimos que retroceder. Íbamos a reunirnos con diferentes instancias de derechos humanos y con los familiares de presos políticos saharauis», ha relatado Inés Miranda a la Agencia Efe.

Ambas abogadas confirman que informaron sobre su viaje a la Presidencia del Gobierno; al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y a diferentes instancias españolas. Ahora, han advertido a las autoridades competentes de que, como juristas, van a presentar una denuncia y «exigir que el Gobierno español se pronuncie sobre la actitud de Marruecos con los observadores de derechos humanos» en el Sáhara Occidental.

Las dos abogadas se han identificado como miembros de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y han enseñado a los gendarmes marroquíes sus cartas de presentación, pero «no han recibido otra contestación», afirma Miranda, «que no fuese la inmediata expulsión del territorio saharui».

La Abogacía, que ha reiterado su apoyo al trabajo de esta asociación de juristas, cuya misión perseguía «denunciar el atropello de los derechos humanos» en la antigua colonia española, ha considerado que el departamento de José Manuel Albares debería formular una queja por escrito ante Marruecos por impedirles entrar.

Marrueco espera a Feijóo

La tregua firmada por Marruecos con el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de febrero ha durado apenas 5 meses. El tiempo que ha transcurrido hasta la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Rabat vuelve a la senda habitual de reclamar Ceuta y Melilla como propias. En la diplomacia española se entiende como un mensaje claro la nota que envió Rabat a la UE, en plena campaña electoral, calificando a Ceuta y Melilla de «ciudades marroquíes». La relación «está rota» y en Exteriores lo relacionan con la probable salida de Pedro Sánchez de La Moncloa.

Rabat lleva meses oliendo vientos de cambio en España. Así lo admitían fuentes diplomáticas marroquíes durante la cumbre que Moncloa organizó junto a Marruecos el pasado mes de febrero para escenificar unas paces que han durado menos de un semestre. Ya por entonces, en Marruecos se asumía que todo lo prometido por Sánchez, las inversiones y proyectos, eran promesas de un hombre en campaña que podría salir elegido o no en las generales que se preveían para el mes de diciembre. El adelanto electoral no ha mejorado la situación, sino que la ha precipitado.