Anticorrupción propuso detener al jefe de la sanidad canaria por una estafa millonaria con mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción propuso detener al exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez el pasado 8 de noviembre de 2022 por su implicación en el primer caso mascarillas. El ministerio Fiscal pretendía acceder a su móvil y sus correos electrónicos y temían que el investigado pudiera destruir pruebas. En aquella ocasión, se indagaba una presunta estafa de cuatro millones de euros.

El juzgado encargado del caso mascarillas investigaba la implicación de Conrado Domínguez en los hechos que consideraban que podían ser constitutivos de delito. Concretamente, el magistrado cree que el exdirector del Servicio Canario de Salud tenía un papel relevante en la presunta estafa de cuatro millones de euros después de concederle un contrato a la empresa RR7. Aquel dinero aún no se ha recuperado a día de hoy.

La compañía, dedicada al comercio de coches, no tenía experiencia previa en la importación de material sanitario. Sin embargo, se le adjudicó un contrato a través del procedimiento de emergencia para proveer a los hospitales públicos de Canarias de un millón de mascarillas FFP3. Por ellas recibió un pago de 4 millones de euros.

La información la ha desvelado este viernes el medio Canarias 7. La propuesta de detener a Domínguez se realizó apenas unos días después de Domínguez presentase su dimisión. Esa petición corrió a cargo del fiscal Anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, que lo propuso al juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Javier García García-Sotoca, cuando la causa estaba ya bajo secreto de sumario.

No se entregaron las mascarillas

La razón por la cual RR7 no entregó el material sanitario a la comunidad de Canarias es porque intentó importar mascarillas que acabaron siendo falsas y fueron destruidas por Aduanas. Aunque ocurrió este incidente, el Servicio Canario de Salud no resolvió su contrato. Domínguez permitió que la empresa pudiera traer otra partida de mascarillas para satisfacer el contrato que habían firmado, pero no llegó jamás.

Las diligencias continúan contra el administrador de RR7, Rayco Rubén González, que está acusado de estafa agravada, mientras que Conrado Domínguez fue imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía, sin embargo, también apuntaba a indicios de una posible malversación de fondos públicos.

El caso acabó asumiéndolo la Fiscalía Europea y ahora se ha levantado el secreto de sumario. En uno de los informes del Ministerio Fiscal, fechado en noviembre de 2022, la petición del Fiscal Anticorrupción se justificaba en que era necesario detener a Conrado Domínguez para poder tener acceso a su correspondencia electrónica y a sus comunicaciones por mensajes de teléfono móvil con otros de los implicados, como Rayco Rubén González, Samuel Machín y la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.

Renuncia a los fondos europeos

Esta misma semana, el Gobierno de Canarias ha renunciado a solicitar a los fondos europeos los 10 millones de euros que la entonces administración dirigida por el ahora ministro Ángel Víctor Torres pagó a la empresa vinculada al caso Koldo a cambio de mascarillas.

En su momento, los contratos fueron suscritos por el Servicio Canario de Salud. La Hacienda de Canarias le dio el visto bueno y se remitió el gasto a la Unión Europea tras certificarlo para recibir los fondos europeos después de que el Gobierno canario adelantase el dinero para poder adquirir con urgencia las mascarillas.

Estas adquisiciones tuvieron lugar durante los primeros meses del estado de alarma, marzo y abril de 2020. Las mascarillas llegaron pero «no con las condiciones que eran exigibles», ha declarado esta semana la consejera de Hacienda del Gobierno autonómico, Matilde Asián. El nuevo Gobierno de la comunidad autónoma detectó que podían existir compras a un precio superior al de mercado, además de entrega de un material con calidad inferior a la que se había solicitado y pagado.

Por eso, al «observar todas estas irregularidades que se han ido produciendo y a instancia de la Comisión Europea, de las autoridades europeas» han decidido «descertificar» ese gasto, es decir, renunciar a pedirle el dinero a la Unión Europea y asumirlo como gasto de la Comunidad Autónoma. Todo ello para evitar «complicaciones con las autoridades europeas». Aun así, el Gobierno canario no renuncia a conseguir ese dinero a través de otras vías, algo que todavía «está en estudio».