Abogados de los policías de Coslada piden la nulidad del proceso por irregularidades

Los abogados de cuatro de los policías procesados por el caso Bloque, entre ellos el del exjefe de la Policía Local de Coslada (Madrid) Ginés Jiménez, han pedido la nulidad del juicio por irregularidades o la anulación de varias pruebas del caso, que en 2008 destapó una supuesta trama de corrupción policial en el municipio.

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado hoy el proceso contra Ginés Jiménez, su mujer y su hijo, otros seis agentes locales y tres ciudadanos rumanos vinculados con la prostitución por diferentes prácticas corruptas.

La Fiscalía pide para ellos entre 26 años y ocho meses de prisión en el caso de Jiménez –por extorsión, amenazas, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo–, quien hoy no ha querido hacer declaraciones a la prensa, y una multa de 2.160 euros para cinco de los agentes por cohecho impropio. Dos de los tres procesados rumanos no han comparecido y están en busca y captura.

El juicio arranca tras 10 años de instrucción judicial con numerosos recursos. Las detenciones se practicaron en mayo de 2008 en la denominada operación Bloque, en la que fueron arrestados 26 agentes, varios de los cuales estuvieron en prisión provisional.

Además de en la necesidad de anular el proceso total o parcialmente, durante la vista de hoy las defensas de los acusados han coincidido en las «vagas» acusaciones del Ministerio Fiscal, sin concretar qué le lleva a acusar de cada delito, y en que muchos no sabían de qué se acusaba finalmente a sus defendidos de cara al juicio, así como en que el proceso ha sufrido dilaciones indebidas. Por todo ello han solicitado que se sobresean los delitos que se les imputan.

El letrado de Ginés Jiménez, Oskar Zein, ha sido uno de los abogados que ha pedido la nulidad de todo el proceso iniciado contra el exmando policial, su mujer y su hijo, al entender, como otros, que hubo irregularidades por parte de la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) y del Juzgado de Instrucción 21 de Madrid.

Zein ha puesto varios ejemplos, como el otorgamiento de la condición de testigos protegidos a varias personas que en su opinión no debieron serlo, la autorización de escuchas telefónicas de los procesados y el hecho de que el juzgado de instrucción no se inhibiera en los de Coslada después de que en 2012 archivase la causa en lo referido a asociación ilícita.

En la misma línea, el abogado del policía Carlos M.R., para el que el fiscal solicita dos años y ocho meses de prisión por cohecho e incumplir el deber de perseguir delitos, ha asegurado que «son palmarias el cúmulo de irregularidades, que deben suponer la anulación de todo lo actuado».

José Ramón García ha criticado las «acusaciones vagas e imprecisas» de la Fiscalía que vulneran los derechos de los procesados.

Por su parte el letrado Marcos García Montes ha subrayado que su defendido, uno de los cinco agentes que ahora se enfrentan solo a una multa tras haber sido acusado inicialmente de varios delitos graves, pasó seis meses en la cárcel, y ha anunciado que pedirá que se haga cargo de las costas el Ayuntamiento de Coslada, que en su opinión «debería sentarse en el banquillo como responsable civil subsidiario».

Precisamente hoy al inicio del juicio el letrado del Consistorio se ha adherido íntegramente al escrito de acusación del Ministerio Fiscal, lo que ha sido criticado por varios letrados de la defensa.

El juicio continúa mañana con la contestación de la Fiscalía a las cuestiones previas planteadas hoy.