Torra busca fórmulas para desacatar la sentencia del Supremo sobre el 1-0 y sacar a los presos

Conceder el tercer grado penitenciario de forma automática una vez se condenen a los políticos responsables del 1-O, de tal forma que solo tengan que acudir a prisión durante ocho horas nocturnas o incluso evitarla mediante una pulsera de control. Esa es una de las opciones que baraja el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como fórmula para desacatar la sentencia que antes de acabar el año dictará el Tribunal Supremo contra los responsables del referéndum ilegal.

El pasado martes, en la reunión semanal del Ejecutivo catalán, Torra ya anunció a sus compañeros de gobierno que no tenía la más mínima intención de acatar la sentencia que dicte el Supremo. Aunque a él directamente no le afecte, en sus manos y en las del Govern está la situación de todos los que deban cumplir condena en prisión, ya que se encuentran ingresados en prisiones catalanas y que es Instituciones Penitenciaras de la Generalitat quien tiene que clasificar a los presos.

A diferencia de la prisión preventiva, donde la potestad de los permisos y el régimen reside exclusivamente en el juez, una vez condenados esas decisiones son de las prisiones, y a día de hoy, la opción más viable para desacatar la sentencia.

En las últimas semanas, Torra ha hablado mucho de ello con los encarcelados que se encuentran en prisión preventiva, con quienes ha consultado la estrategia e incluso la hoja de ruta y el texto de la conferencia que va a pronunciar el próximo martes. Conscientes los presos de que ese desacatamiento una vez la sentencia sea firme pueda ser la única vía para recuperar la libertad con cierta agilidad, todos han validado esta opción, si bien Torra ha dado órdenes a su equipo de estudiar otras opciones.

Desde el independentismo consideran que no acatar al Supremo es la única forma “de hacer justicia”. Aunque les gustaría un indulto por parte del Gobierno, algo que ya adelantó el líder del PSC Miquel Iceta cuando aún no estaban en el Gobierno, pero que no parece estar en los planes del Ejecutivo de Sánchez.

Con 16 horas fuera de la cárcel, todos los presos podrían reincorporarse a su actividad política, aunque a día de hoy sólo cinco de los encarcelados mantienen su acta como diputado. Pero condenados, e inhabilitados, legalmente no podrían. Ahí llegaría la segunda etapa del no acatar la sentencia. El Govern de Torra debería nombrarlos para cargos públicos o de confianza, desafiando la sentencia del Supremo y a sabiendas de que casi con total seguridad, sus nombramientos serán recorridos por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional.