Abogado, periodista y máster tributario de Garrigues. Antes, asesora fiscal por Luxemburgo y España, ahora, redactora jefe de Economía de OKDIARIO.
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, YolandaDíaz, ha solicitado a los españoles «ser valientes» para hacer frente al «gran problema» de la vivienda que, en su opinión, se solucionaría con la regulación del mercado. La líder de Sumar ha enviado un mensaje en su red social X (antes, Twitter) un mensaje en el que parece disculparse de antemano por los planes que el Gobierno podría traerse entre manos.
En concreto, la política gallega ha denunciado lo que todo el mundo sabe: «Hay un gran problema con la vivienda en nuestro país. Los precios son abusivos y tenemos que ser valientes en nuestras medidas como Gobierno. No podemos quedamos a medias. No podemos equivocarnos. Hay que regular el mercado de la vivienda».
Las declaraciones de la ministra comunista han aterrizado justo después de que este martes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana diera a conocer el nuevo índice estatal de referencia de precios del alquiler que permitirá limitar las rentas del alquiler en áreas que hayan sido declaradas zonas tensionadas. La decisión es facultativa y compete a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, tal y como fuentes jurídicas explican a este periódico, por lo que en la práctica no será aplicable en todas las regiones.
Llama la atención cómo el portavoz de Sumar en el Congreso, ÍñigoErrejón, ha criticado duramente la medida anunciada por el Gobierno, del que su formación forma parte. En su opinión, este índice debería aplicarse también a los pequeños propietarios, es decir; a los caseros con menos 4 viviendas o menos -y no sólo de 9 viviendas, como ha explicado, al hacer referencia al límite superior de algunas Comunidades Autónomas.
Hay un gran problema con la vivienda en nuestro país. Los precios son abusivos y tenemos que ser valientes en nuestras medidas como gobierno. No podemos quedamos a medias. No podemos equivocarnos.
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha explicado este martes que este índice estatal de precios del alquiler es un sistema de rango de precios que establecerá precios máximos y mínimos para una vivienda a partir de las características de la misma. También servirá como índice homogéneo para todo el territorio nacional, de base tributaria y que se actualizará cada año.
Díaz aprovecha el anuncio del índice de referencia del alquiler para pedir la regulación del mercado.
En línea con la fijación de este Ejecutivo por las grandes fortunas -que a fecha presente son ya ciudadanos de clase media pues el primer Ejecutivo de Sánchez disminuyó el número de viviendas en propiedad de los grandes tenedores-, el índice será de obligatorio cumplimiento para los grandes tenedores que posean 10 ó 5 viviendas en la misma área ‘tensionada’.
También, en los nuevos contratos de alquiler de viviendas en zonas tensionadas que no hubieran estado arrendadas en los últimos cinco años. En el resto de los casos, el índice servirá «de referencia». Se trata en todo caso de una medida que sólo será aplicada en regiones como la catalana, pues las comunidades gobernadas por el PP no tienen intención de determinar las zonas tensionadas.
Por contra, nel Gobierno no ha tenido en cuenta lo pedido por la otra parte, los empresarios, quienes piden liberalizar alquileres y subvenciones, más que avalar la compra de la vivienda. En su opinión, el plan de avales para ayudar a los jóvenes en la adquisición de una vivienda, facilita la obtención de un préstamo bancario, pero resulta insuficiente y denuncian la clara intromisión de la regulación española del urbanismo en el derecho de propiedad. Una decisión política que distorsiona el mercado y acaba ocasionando el efecto contrario: dificulta el acceso a alojamiento de las principales ciudades de España.
Viviendas de uso turístico
Las declaraciones de la ministra han llegado durante la misma jornada en la que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP contra varios preceptos del decretazo de marzo de 2023 de la Generalitat sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico.
En concreto, el partido de Alberto Núñez Feijóo explicó que no se cumplían los presupuestos habilitantes al tratarse de una decisión que afecta al derecho de propiedad protegido por la Carta Magna y que, por ende, se trata de una competencia estatal. Ahora, la Corte de Garantías deliberará sobre la estimación o desestimación del recurso, una cuestión que podría marcar un cambio en el rumbo del propio contenido de la Constitución y en el que no debería legislar ex novo el órgano encargado de proteger el propio contenido de la Constitución. Sin embargo, bajo el actual dictado del Gobierno, se podría cambiar el rumbo sobre la interpretación del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 33 de nuestra Carta Magna.
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