Trump presiona a los republicanos para acabar con el cierre parcial del Gobierno

El presidente de EEUU, el republicano Donald Trump, inste a los senadores de su partido a forzar un voto por mayoría simple para acabar con el cierre parcial del Gobierno federal, del que volvió a culpar a la oposición demócrata.

«Genial ver lo duro que están luchando los republicanos por nuestras Fuerzas Armadas y la Seguridad en la Frontera. Los demócratas sólo quieren que inmigrantes ilegales entren en masa en nuestra nación sin control», afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

«¡Si el punto muerto continúa, lo republicanos deberían ir a por el 51 % (Opción Nuclear) y votar un verdadero presupuesto a largo plazo, no CR’s (resoluciones de continuidad)», agregó el presidente.

La llamada «opción nuclear», que el líder de la mayoría en el Senado -en este caso, el republicano Mitch McConnell- puede convocar de manera discrecional, cambia las reglas del Senado, al requerir una aprobación sólo por mayoría simple (51) y no de 60 votos.

Así, esta excepción pone en peligro la capacidad del partido de la minoría para detener o bloquear el voto en casi cualquier materia, desde legislaciones hasta nombramientos judiciales o nominaciones relativamente rutinarias para puestos del Gobierno.

Fueron los demócratas quienes aprobaron el uso de la «opción nuclear» en 2013, cuando tenían mayoría en el Senado, y el cambio fue respaldado incluso por el entonces presidente, Barack Obama, para frenar la obstrucción «sin precedentes» de los republicanos.

El Senado no aprobó este viernes los nuevos fondos necesarios para financiar al Gobierno y abocó así al Ejecutivo de Donald Trump a un cierre parcial e indefinido de sus actividades que entró en vigor a partir de esa medianoche.

La propuesta presupuestaria presentada por los republicanos obtuvo más votos a favor (50) que en contra (48), pero fueron insuficientes para aprobar unos fondos que requerían el apoyo de 60 senadores.

Esa propuesta, que la Cámara Baja sí aprobó este jueves, dotaba de financiación al Gobierno hasta el 16 de febrero, prolongando así el plazo de negociación entre demócratas y republicanos para unos presupuestos definitivos para el año fiscal 2018.

Los demócratas, sin embargo, condicionaron su apoyo a las cuentas a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como «dreamers» («soñadores»), que llegaron a este país de niños.

El programa con el que el expresidente Barack Obama protegió a esos jóvenes de la deportación (DACA) expira el próximo 5 de marzo, tras ser cancelado el pasado septiembre por Trump.

La Casa Blanca ha exigido al Congreso 18.000 millones de dólares durante una década para construir un muro fronterizo con México, una gran promesa electoral de Trump, como una de las condiciones en la negociación de una solución migratoria para los «soñadores», un requisito inaceptable para los demócratas.

Pero el presidente «no negociará sobre una reforma migratoria hasta que los demócratas dejen de hacer juegos y reabran el Gobierno», advirtió este sábado su portavoz, Sarah Sanders.

Lejos de sentarse a negociar un salida a la crisis, republicanos y demócratas se dedicaron el sábado, el primer día del cierre parcial de la Administración, a culparse mutuamente del cerrojazo.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reprochó a los demócratas haber sumido al país en un «lío político», y les instó a aprobar un presupuesto temporal que reabra el Gobierno hasta el 8 de febrero, para reanudar la negociación «bipartidista».

El jefe de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Charles Schumer, declinó esa oferta y abogó por una reunión con el presidente y líderes legislativos para encontrar una salida, pese a criticar los continuos cambios de parecer del mandatario.

A última hora del sábado, McConnell advirtió de que convocaría un voto en el Senado a la una de la madrugada del lunes, «a menos que haya un deseo de hacerlo más temprano».

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno calcula que unos 800.000 funcionarios (considerados «no esenciales»), de un total de 3,5 millones, tendrán que quedarse en casa suspendidos de sueldo hasta que el Congreso alcance un acuerdo presupuestario.