El Tribunal Supremo ha ordenado el «cierre, clausura y precinto» de la actividad que Lafarge está desarrollando en su planta de Montcada i Reixac (Barcelona), tras desestimar las casaciones sobre la sentencia que habían presentado la empresa, el comité de empresa y la Generalitat.

En concreto, el Supremo ha acordado la inadmisión a tramité de los tres recursos presentados ante la sentencia de octubre de 2021 que anuló y dejó sin efecto jurídico la licencia ambiental otorgada por la Generalitat a la planta.

El tribunal ha apuntado que los tres recursos carecen de la «fundamentación suficiente» y de interés casacional, según la resolución.

Fuentes de la Conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat han explicado que esta inadmisión «devuelve los recursos de casación» al TSJC para que resuelva los recursos autonómicos presentados por la empresa y el Govern, que si no prosperan comportarán el cierre de la planta, según informa Europa Press.

Asimismo, han explicado que el Govern está tramitando la legalización de la actividad tras una nueva solicitud efectuada por Lafarge en marzo de 2021.

Orden de cierre

En febrero, el TSJC ordenó a la Generalitat que adoptara medidas de clausura y precinto de la actividad tras declarar nula la autorización ambiental concedida a la fábrica por parte de la antigua Conselleria de Territorio y Sostenibilidad.

Los magistrados aplazaron la orden del cierre definitivo a la espera de que el TS resolviera el recurso de casación presentado contra una segunda sentencia del TSJC, dictada en octubre de 2021, que también declaró la nulidad de esa misma autorización, y que ha sido inadmitido este viernes.

El TSJC recordó que la consecuencia de la anulación de una licencia por sentencia firme «no puede ser otra que la clausura de la actividad», hasta que se obtenga una autorización que garantice la inexistencia de infracciones o se adopten medidas para corregirlas.

Tras conocer la segunda sentencia del TSJC, LafargeHolcim España instó a la Generalitat a regularizar la actividad de la fábrica de Montcada i Reixac para garantizar la continuidad de las 300 personas empleadas por la cementera de forma directa o indirecta, con la tramitación del expediente correspondiente.