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Economía
Declaración de la Renta

El TEAC lo deja claro: aceptar una baja incentivada puede salir caro en la declaración de la Renta si no se cumplen estos requisitos

Una baja incentivada puede salir caro en la declaración de la Renta según explica el Tribunal Económico-Administrativo Central

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Aceptar una baja incentivada puede parecer una buena salida cuando la empresa ofrece una cantidad elevada a cambio de dejar el puesto de trabajo, pero fiscalmente no todas estas indemnizaciones reciben el mismo tratamiento. El Tribunal Económico-Administrativo Central acaba de fijar criterio sobre este punto y deja claro que una salida voluntaria pactada con la empresa puede obligar a tributar en el IRPF por cantidades que el trabajador quizá pensaba que quedarían exentas.

La resolución, fechada el 27 de octubre de 2026 y dictada en unificación de criterio, analiza precisamente el caso de un trabajador que se acogió voluntariamente a un programa de bajas, jubilaciones y prejubilaciones incentivadas. La empresa no estaba tramitando entonces ningún despido colectivo y el TEAC concluye que la indemnización recibida no puede acogerse a la exención del artículo 7.e) de la Ley del IRPF.

Aceptar una baja incentivada puede salir caro en la declaración de la Renta

La Ley del IRPF parte de una regla bastante clara, y es que las cantidades que recibe un trabajador cuando termina su relación laboral tienen, con carácter general, la consideración de rendimientos del trabajo. La exención existe, pero únicamente en determinados supuestos. El artículo 7.e) permite dejar fuera del impuesto las indemnizaciones por despido o cese en la cuantía obligatoria fijada por el Estatuto de los Trabajadores, su normativa de desarrollo o una sentencia. Lo que se haya acordado simplemente mediante convenio, pacto o contrato no entra automáticamente dentro de esa exención.

Ese matiz es precisamente el que afecta a muchas bajas incentivadas. Si el trabajador acepta de manera voluntaria una cantidad para extinguir su contrato y esa salida no forma parte de un procedimiento de despido colectivo ni responde a una indemnización obligatoria prevista en la normativa laboral, Hacienda puede considerar que se trata de un rendimiento del trabajo sujeto al IRPF. En el caso resuelto ahora, el TEAC entiende que hubo un acuerdo entre empresa y trabajador y no un cese involuntario en el sentido exigido para aplicar la exención.

Qué cambia cuando existe un despido colectivo

La situación es distinta cuando la baja incentivada se ofrece dentro de un procedimiento de despido colectivo. Aquí el hecho de que el trabajador acepte una de las opciones planteadas por la empresa no significa necesariamente que el cese sea voluntario a efectos fiscales. El TEAC recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre trabajadores que se acogieron a planes de prejubilación o suspensión incluidos dentro de expedientes de regulación de empleo. En esos casos, la causa que provoca la salida no nace únicamente de la decisión del trabajador, sino de una situación empresarial previa vinculada a causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

Por eso, una baja incentivada dentro de un despido colectivo puede tener un tratamiento distinto. La Ley del IRPF permite que, en determinados despidos colectivos del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, quede exenta la indemnización hasta el límite obligatorio previsto para el despido improcedente, con un máximo general de 180.000 euros. Eso sí, el propio TEAC aclara que un procedimiento de despido colectivo no es el único escenario en el que puede existir una indemnización exenta. También puede ocurrir en otros ceses donde la normativa laboral obligue al pago de una cantidad. La diferencia está en comprobar cuál es la causa real de la extinción y si existe o no un derecho indemnizatorio obligatorio.

El trabajador debe comprobar cómo se documenta su salida

Antes de aceptar una baja incentivada conviene revisar con cuidado qué figura en el acuerdo. No basta con que la empresa utilice expresiones como «plan de salida», «prejubilación» o «programa incentivado». Lo importante es saber si existe realmente un procedimiento de despido colectivo y bajo qué norma se extingue la relación laboral. El TEAC insiste en que la existencia de un despido colectivo no es algo que pueda presumirse. Debe haberse seguido el procedimiento previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, con trámites como la constitución de una comisión representativa y la apertura del periodo de consultas correspondiente.

Si no existe ese procedimiento y el documento refleja que el trabajador deja la empresa por mutuo acuerdo, la indemnización puede quedar fuera de la exención. En la práctica, eso supone integrarla en la declaración de la Renta como rendimiento del trabajo y tributar por ella según corresponda. La diferencia puede ser importante cuando la cantidad percibida es elevada. Una indemnización que el trabajador esperaba recibir prácticamente íntegra puede terminar aumentando de forma notable su base imponible.

El criterio del TEAC afecta a futuras bajas incentivadas

La resolución tiene especial importancia porque se dicta en unificación de criterio. El TEAC fija que no resulta aplicable la exención del artículo 7.e) de la Ley del IRPF cuando el trabajador se adhiere voluntariamente a un programa de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas y en ese momento no existe ningún proceso de despido colectivo.  El caso analizado procedía de una entidad bancaria y afectaba a un trabajador que había solicitado rectificar sus declaraciones de IRPF de varios ejercicios para aplicar la exención. El Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana le había dado inicialmente la razón, pero la AEAT recurrió y el TEAC terminó estimando ese recurso.