El Supremo tumba los 50 millones del rescate de la R-2 y obliga al Gobierno a recalcular la compensación a ACS y otros

El Tribunal Supremo ha anulado los cálculos del Gobierno sobre el rescate de la autopista R-2 de Madrid y ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que determine sin más demora la compensación definitiva correspondiente a la concesionaria. La resolución deja sin efecto las liquidaciones administrativas que habían arrojado un saldo negativo de casi 50 millones de euros y obliga a rehacer el cálculo conforme a los criterios fijados por el propio tribunal.

Según la sentencia, fechada el pasado 8 de octubre, el fallo afecta tanto a la primera resolución aprobada en 2023 como a la resolución complementaria de 2025. En ambos casos, la Administración había concluido que no procedía abonar cantidad alguna a la sociedad concesionaria, Autopista del Henares (Henarsa), participada por grupos como ACS, Abertis, Acciona y Globalvía.

La liquidación complementaria aprobada por el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2025 había fijado un resultado negativo de 49,9 millones de euros, concretamente 49.901.773,32 euros. El cálculo tuvo en cuenta, entre otros elementos, el valor de las inversiones realizadas y las indemnizaciones por expropiaciones asumidas por la Administración. Al resultar negativa la liquidación, el Gobierno no contempló ningún pago a cuenta a la concesionaria.

Ahora, el Supremo obliga a revisar ese resultado y reprocha a la Administración la demora acumulada desde que el Estado asumió la explotación de la autopista el 1 de marzo de 2018, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). El tribunal exige que la liquidación definitiva se determine sin más demora y siguiendo los criterios interpretativos establecidos en sus sentencias de 2022.

Un rescate con factura millonaria

La resolución abre así una nueva fase en el cálculo de las cantidades vinculadas al rescate de la R-2. Sin embargo, el Supremo no reconoce una indemnización concreta ni ordena un pago inmediato: será el Ministerio de Transportes el que deba efectuar la nueva liquidación, cuyo resultado definitivo todavía está pendiente.

El fallo se enmarca en el proceso de liquidación de las autopistas de peaje que quebraron tras la crisis financiera de 2008 y cuya gestión asumió el Estado. Según los datos, el rescate de nueve autopistas ha supuesto hasta ahora desembolsos públicos provisionales por 1.684 millones de euros, aunque buena parte de las liquidaciones continúa pendiente de resolución definitiva.

La revisión de la R-2 podría modificar el resultado económico que la Administración había calculado para esta infraestructura. El alcance final dependerá de la aplicación de los criterios judiciales y de la valoración definitiva de las inversiones, las expropiaciones y las demás partidas computables.