El sindicato que representa Andrés Herzog CIC pide 30.000 para poder seguir con el caso Bankia

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato que ejerce la acusación popular en caso Bankia, ha puesto en marcha desde este lunes hasta el próximo 10 de enero una campaña con la que busca recaudar 30.000 euros para poder continuar en el proceso.

En un comunicado, la CIC hace un llamamiento a la sociedad para que aporte «su granito de arena» y sostenga su «cruzada contra los fraudes bancarios, la corrupción y el clientelismo», ya que de no conseguir los fondos, la acusación se vería obligada a retirarse del caso Bankia.

Para el sindicato que preside Gonzalo Postigo, su presencia en el caso Bankia «es especialmente importante», después de que el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), haya hecho «dejación absoluta de sus funciones», y de que la Fiscalía sólo acuse a los cuatro antiguos administradores de la entidad, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella.

En su opinión, la ausencia de la CIC, representada por quien fuera precursor de la causa con UPyD, Andrés Herzog, supondría además que quedaran exentos de acudir como declarar testigos tales como el exministro de Economia, Luis de Guindos, el expresidente de CaixaBank Isidro Fainé o la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Presentes también en el caso de las tarjetas «black» que supuso la condena para los 65 exconsejeros de Caja Madrid y el ingreso en prisión, entre otros, de Rato, pide para los 34 acusados penas de 12 años de cárcel y multas millonarias para Bankia, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, la cual fue imputada en el procedimiento a instancia suya.

En el caso Bankia, la Fiscalía ha hecho un cambio de criterio imputando tanto a Rato como al resto de acusados (la mayoría, acusados tan sólo por la acusación popular) de un delito de falsedad contable además de estafa. Esto puede aumentar la condena a prisión del ex vicepresidente del Gobierno de 5 a 9 años de cárcel.