Sánchez se suma a Podemos y Bildu para castigar la deslocalización de empresas como Ferrovial

El Partido Socialista de Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con Podemos y Bildu para incluir en una próxima ley de Industria un castigo para las empresas que decidan deslocalizar su sede de España, como ha hecho Ferrovial, y acabe disuadiéndolas de seguir su camino, a pesar de que, en  sentido estricto, la iniciativa de la empresa que preside Rafael del Pino es totalmente legal y la libertad de establecimiento es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y del mercado único. Sánchez se suma así a las iniciativas emprendidas por dos de sus aliados de Gobierno.

El grupo parlamentario Bildu ha presentado una proposición no de ley para impedir la salida de empresas y obligarlas a la devolución de los fondos públicos que hayan obtenido si abandonan el país, así como a mantener el empleo. Al mismo tiempo, Podemos ha registrado una iniciativa similar, en este caso una proposición de ley que ha sido enviada al Gobierno -del que forma parte- para consulta, contra la eventual huida de actividades estratégicas. Según un comunicado hecho público por los filoetarras e independentistas vascos, «Bildu ha alcanzado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para que la próxima Ley de Industria establezca las condiciones para recuperar las ayudas públicas y mantener los puestos de trabajo en casos de deslocalización. Estas medidas, acordadas mediante una enmienda transaccional a la Proposición no de Ley presentada por EH Bildu se deberán detallar y desarrollar en la futura Ley».

En la nota, la formación aberchale especifica que «las fuerzas que conforman el Gobierno español se han comprometido, a través de la aprobación de la iniciativa, a elaborar y desarrollar una legislación específica para condicionar la recepción de la financiación y las ayudas públicas por parte de empresas que deslocalicen su actividad. La enmienda acordada entre EH Bildu, PSOE y UP ha salido adelante este jueves con el apoyo de una amplia mayoría del Congreso: 175 diputados han votado a favor; 11 se han abstenido; y 158 han votado en contra».

En opinión de los promotores de la futura ley, el incumplimiento de las condiciones que allí se recojan «deberá suponer el reintegro de las ayudas públicas obtenidas, tal como indica la enmienda transaccional acordada por las tres fuerzas políticas: «Las ayudas quedarán condicionadas al mantenimiento del empleo, por lo que el incumplimiento de esta obligación conllevará igualmente el reintegro de la ayuda recibida». Bildu considera que este acuerdo supone «un buen punto de partida» para negociar y alcanzar un acuerdo amplio en la Ley de Industria, que permita legislar sobre la devolución de las ayudas publicas que hayan podido recibir las empresas que incumplan las condiciones establecidas».

La decisión de Sánchez de dar luz verde a esta iniciativa es su último paso en la reacción hostil que ha desarrollado desde que Ferrovial tomara el paso de cambiar la sede a Países Bajos, si bien la empresa ha dejado claro, después de las presiones ejercidas por varios miembros del Gobierno, encabezados por el propio presidente y la vicepresidenta Nadia Calviño, para censurar a la empresa y, al menos obligarla a declarar, como así ha sucedido, que la marcha no tiene nada que ver con la eventual inseguridad jurídica del país -aunque todos los analistas coinciden en que el cambio continuo de las leyes y de las reglas del juego así lo confirman.