Un profesor universitario pide dejar de pagar las pensiones a los jubilados y se lía la mundial: «No las necesitan»

• Janire Manzanas
• Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.
• • 16/06/2025 11:30
  • Actualizado: 16/06/2025 11:30

El sistema de pensiones ha sido históricamente uno de los pilares del estado del bienestar. Su propósito original era ofrecer una red de seguridad económica a las personas mayores que, tras años de contribución laboral, abandonaban el mercado de trabajo. Sin embargo, el debate sobre su sostenibilidad ha cobrado una gran relevancia creciente en los últimos años. Factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y las nuevas dinámicas laborales han puesto en entredicho la viabilidad del modelo actual. En este contexto, surgen voces que cuestionan si todos los jubilados realmente necesitan recibir una pensión, o si ha llegado el momento de redefinir los criterios de acceso a esta prestación.

Uno de los planteamientos más polémica proviene de Scott Galloway, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Desde su tribuna académica y mediática, Galloway ha lanzado la siguiente propuesta: dejar de pagar pensiones a algunos jubilados. Según él, no se trata de un acto de injusticia social, sino de una reestructuración necesaria para garantizar la equidad intergeneracional y la sostenibilidad financiera del sistema. Su planteamiento parte de una premisa contundente: no todos los pensionistas están en situación de necesidad.

La desigualdad generacional como punto de partida

Galloway señala que existe una profunda desigualdad entre generaciones. A su juicio, la generación de jubilados actual es la más rica de la historia moderna. Han acumulado propiedades, inversiones, ahorros y otros activos durante décadas de bonanza económica, en contextos laborales estables y con oportunidades de crecimiento sostenidas. Frente a ellos, los jóvenes de hoy enfrentan empleos precarios, dificultades para acceder a la vivienda y un mercado laboral cada vez más exigente y volátil.

El profesor considera que las políticas públicas deberían priorizar el bienestar de quienes realmente lo necesitan. Desde su punto de vista, muchos pensionistas podrían vivir sin necesidad de una pensión pública. «No necesitan ese dinero para sobrevivir», argumenta. Según él, seguir destinando recursos a estos jubilados supone un coste innecesario para el Estado, que podría ser redirigido hacia otros sectores más vulnerables.

Criterios de acceso a las pensiones

Galloway no aboga por eliminar las pensiones en su totalidad, sino por aplicar un enfoque más selectivo y racionalizado. Su propuesta consiste en establecer un sistema de pensiones basado en las necesidades reales de los beneficiarios. Aquellos jubilados que se encuentren por encima de un determinado umbral económico, ya sea en términos de ingresos o patrimonio, quedarían excluidos del programa. De este modo, el dinero público se utilizaría para garantizar el sustento únicamente de las personas mayores que realmente lo requieran.

Según sus estimaciones, entre un 10% y un 30% de los actuales beneficiarios podrían dejar de recibir estas ayudas sin que su calidad de vida se viera afectada de forma significativa. Esta medida, a juicio del profesor, supondría un alivio notable para las arcas públicas y permitiría reforzar otras áreas del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación o la inversión en juventud y empleo.

El choque cultural y la resistencia al cambio

La idea de recortar pensiones, aunque sea de forma parcial y selectiva, choca con una arraigada percepción cultural. Para muchos ciudadanos, la pensión no es simplemente una ayuda económica, sino el resultado de décadas de trabajo y aportaciones. Desde este punto de vista, eliminarla supondría una traición al contrato social implícito entre el Estado y sus ciudadanos. Además, el hecho de que una persona haya acumulado riqueza durante su vida no significa necesariamente que no pueda necesitar apoyo económico en la vejez, especialmente considerando posibles gastos imprevistos en salud o cuidados.

Galloway, sin embargo, insiste en que su propuesta no es una injusticia, sino una medida de equidad. Considera que la clave está en establecer criterios claros y transparentes para determinar quién necesita realmente la ayuda. Para él, el problema no es la pensión como concepto, sino la falta de discriminación positiva en su aplicación. No se trata de castigar a los mayores, sino de reconocer que el mundo ha cambiado y que las políticas deben adaptarse a esa nueva realidad.

Una solución provocadora

La propuesta de Galloway no está exenta de polémica, pero ha servido para abrir un debate necesario. Cuestionar la universalidad de las pensiones puede parecer provocador, pero obliga a replantearse hasta qué punto el sistema actual responde realmente a las necesidades de la sociedad contemporánea. En un contexto donde los recursos públicos son limitados y las demandas sociales crecen, se hace indispensable evaluar con honestidad y rigor hacia dónde deben dirigirse las ayudas del Estado.

Existen precedentes internacionales de sistemas que combinan pensiones contributivas con mecanismos de control de recursos. En países como Australia, por ejemplo, se aplican criterios de renta y patrimonio para determinar quién puede acceder a una pensión pública. Esta fórmula busca equilibrar la equidad con la eficiencia, asegurando que el apoyo estatal llegue a quienes verdaderamente lo necesitan.