Panamá se forra con el nuevo Canal, pero sigue sin pagar un euro a Sacyr por los sobrecostes

El Gobierno de Panamá se está frotando las manos al ver cómo la ampliación del Canal que ha realizado el consorcio liderado por Sacyr está generando unos mayores ingresos de los esperados. Gracias a que ahora pueden pasar buques más grandes y en un menor periodo de tiempo, el Departamento del Tesoro del país centroamericano ha elevado hasta 1.600 millones de dólares los ingresos que recibirán las arcas públicas panameñas por el nuevo Canal, lo que supone un incremento del 60% respecto a los 1.000 millones del pasado año.

El Canal ha generado en el último ejercicio 2.600 millones de euros, de los cuales los citados 1.000 millones van a parar al Tesoro panameño una vez descontados los costes de mantenimiento de los equipos y las infraestructuras. El objetivo del Gobierno es que esta cantidad se tripliquen en la próxima década, una vez que se ha constatado que la ampliación va a ser una mina de oro para el país centroamericano una vez que se ha puesta en marcha.

Sin embargo, los réditos económicos que está logrando Panamá gracias a la nueva infraestructura no están variando un ápice el inmovilismo del Gobierno del país a la hora de aceptar que debe abonar al consorcio liderado por Sacyr una parte de los sobrecostes.

A pesar de los esfuerzos de la empresa española que preside Manuel Manrique por alcanzar una solución pactada ahora que pasan los barcos por el tercer juego de esclusas y se ha comprobado la rentabilidad del proyecto, el Ejecutivo del país centroamericano se niega a acercar posiciones y todas las reclamaciones van camino del Tribunal de Arbitraje de Miami, tras su paso por el DAB, la junta de resolución de conflictos entre las empresas y el Gobierno.

“Es una situación anómala, porque se está poniendo de manifiesto que Panamá va a ganar mucho dinero una vez que se han finalizado los trabajos y, a pesar de ello, las autoridades se niegan a llegar a una solución dialogada”, explican a OKDIARIO fuentes del consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr y que está integrado también por la italiana Salini, la belga-luxemburguesa Jan de Nul y la panameña CUSA.

El consorcio ha construido dos complejos de esclusas de tres niveles, con 16 compuertas que han permitido aumentar el tamaño de los buques que transitan por el Canal de Panamá, duplicando el transito de mercancías hasta 600 millones de toneladas anuales. La entrega de la infraestructura se produjo el pasado 31 de mayo y la inauguración fue el 26 de junio.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Panamá sólo se ha comprometido a abonar los 3.192 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) inicialmente estipulados en el contrato, más 465 millones de sobrecostes reconocidos. El volumen restante, hasta los 5.581 millones de dólares que ha costado la obra, es lo que reclama el consorcio al Gobierno, en primera instancia; al DAB, en segunda; y al Tribunal de Arbitraje de Miami, que “acaba de comenzar a deliberar sobre el primero de los casos que han llegado del DAB”, según las fuentes consultadas.

Ante la oposición frontal del país centroamericano a aceptar que una parte de los sobrecostes no son responsabilidad de las empresas que han realizado la infraestructura, el consorcio ha provisionado ya 1.000 millones de dólares, de los que 500 millones han sido anotados por Sacyr en sus cuentas para cubrirse ante el impago.

La empresa española confía en recibir entre un 40% y un 60% de los sobrecostes una vez que el organismo arbitral de Miami se pronuncie sobre todas las reclamaciones en 2020, aunque seguirá intentando que el Gobierno de Panamá cambie de opinión y decida hacer frente a una parte de los pagos de forma voluntaria, ya que Sacyr todavía está realizando labores de mantenimiento en el Canal y la relación laboral entre la empresa y las autoridades del país no se ha terminado.