Montoro promete a Bruselas intervenir Cataluña y Valencia si siguen incumpliendo el déficit

El nuevo programa nacional de reformas que ha enviado el Gobierno a la Comisión Europea establece, por primera vez, la promesa de que el Ministerio de Hacienda hará uso del artículo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permite intervenir aquellos gobiernos regionales que no cumplan sus obligaciones fiscales, acabando con su soberanía económica.

El pasado noviembre fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro confirmaron a OKDIARIO que esta opción estaba sobre la mesa, y ahora se ha llevado al papel. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) solicitó también a Hacienda que hiciera uso de las facultades que le otorga la Ley para meter en vereda a las comunidades díscolas, coincidiendo también con la petición del Banco de España.

Montoro ha dejado claro a las CCAA que, quien no cumpla, perderá su soberanía

El texto, presentado a las autoridades de Bruselas junto con el nuevo plan de estabilidad 2016–2019 para solicitar una relajación de la senda de reducción del déficit, incluye “aplicar medidas coercitivas del artículo 25” de la citada norma, a todas aquellas autonomías que no se atengan a los planes de ajuste establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Gobierno contempla un déficit público regional del 0,7% de PIB y ya hay un numeroso grupo de regiones que van a superar esa brecha fiscal.

Fuentes de varias consejerías han explicado a este diario que en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) Montoro dejó claro que las normas son para cumplirlas y que, quien no lo haga, deberá asumir que perderá su soberanía económica.

Según el último informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, hay nueve comunidades que no podrán situar el saldo de sus cuentas públicas por debajo del 0,7% del PIB aunque ejecuten de forma rigurosa sus presupuestos de 2016.

El foco está puesto en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Valencia. De todas ellas, sólo Cataluña, Valencia y Extremadura han mostrado al departamento que dirige Cristóbal Montoro su absoluto rechazo a cumplir sus exigencias fiscales y otras, como Cantabria, Castilla y León y Madrid están muy cerca de ese 0,7% del PIB.

Artículo 25 de la Ley de Estabilidad

De momento, el Gobierno ha dado el paso previo antes de la intervención, que es exigir a las comunidades incumplidoras que aprueben un acuerdo de no disponibilidad que garantice cerrar el año con el objetivo de déficit previsto.

El siguiente paso es obligar al depósito de una fianza equivalente al 0,2% del PIB regional en el Banco de España por parte del gobierno autonómico rebelde. Esta cuenta genera intereses y, si a los tres meses no se ha producido el ajuste, la fianza deja de generar réditos. Tres meses después, si el saneamiento fiscal no se ha producido, da comienzo la intervención propiamente dicha. Por lo tanto, la intervención se producirá dentro de seis meses, según los plazos que establece la Ley.

La intervención se produciría en dos pasos. En una primera fase, la normativa (bajo el título “medidas coercitivas”) permite a Hacienda “el envío de una comisión de expertos para valorar la situación económico–presupuestaria de la administración afectada”. Estos interventores (los denominados hombres de negro) “podrán solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos”.

Hace falta la mayoría absoluta del Senado

Tras revisar las cuentas, la comisión “deberá presentar una propuesta de medidas (…) que serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora”. En el caso de que los gobiernos regionales no quisieran aplicar las órdenes de la comisión, entonces se inicia el procedimiento “de cumplimiento forzoso”, mediante el cual “el Gobierno, requerirá al presidente de la comunidad autónoma (…) la ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos”.

Si las regiones rebeldes siguieran en sus trece, entonces, “el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a su ejecución forzosa”. Es decir, una intervención en toda regla.

Pagos a proveedores

Montoro también promete a Bruselas que España “continuará aplicando las medidas preventivas, correctivas y coercitivas” de la Ley de Estabilidad, “por incumplimiento de los plazos máximos de pago a proveedores” y, como novedad, “iniciar para las CCAA con incumplimientos reiterados y más elevados la retención de recursos del sistema de financiación para pagar directamente a los proveedores”. En esta situación se encuentran ya Extremadura y Aragón.

Otros aspectos que plantea el Gobierno a la Comisión Europea son reforzar la condicionalidad asociada al fondo de rescate autonómico (el FLA) y mejorar el marco institucional de disciplina presupuestaria, publicando los planes de ajuste e informando de forma mensual sobre la regla de gasto y los incumplimientos. El Gobierno asegura que “buscará la participación activa de la AIRef” en este proceso.