Reforma del modelo de financiación autonómica: Las comunidades exigen más ingresos

Las autonomías peor financiadas, como la Comunidad Valenciana y Murcia, acercan posturas ante la reforma del sistema de financiación, independientemente de su perfil político, y coinciden en querer recaudar el 70 % del IVA (frente al 50 % actual) mientras Andalucía pide que se reformule el cálculo del cupo vasco.

Estas son algunas de las aportaciones al nuevo modelo de financiación autonómica que las comunidades de régimen común, salvo Cataluña, han hecho llegar al Ministerio de Hacienda y donde se insiste en que las forales (País Vasco y Navarra) deberían hacer una aportación a un fondo básico para asegurar la prestación equitativa de los servicios básicos.

Así lo plantea también la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Cristina Cifuentes, ha reclamado más inversión para una región «claramente infrafinanciada» y, por ello, ha pedido que las forales aporten medios a la solidaridad nacional.

Andalucía, otra de las autonomías que se considera peor financiada, ha solicitado al Estado su propio «diagnóstico», ya que sin esa valoración «cualquier intento de formular un sistema estable está condenado al fracaso y puede poner en peligro el Estado del bienestar».

Desde la Junta subrayan que «no se trata de pedir, sino de participar en mayor medida de lo que se recauda a los ciudadanos con sus impuestos», que prefieren que se financie la sanidad, la educación, la dependencia, las prestaciones por desempleo o las pensiones.

En la misma línea, Castilla-La Mancha avala una financiación que garantice los servicios básicos y que, por ejemplo, la atención sanitaria sea igual para todos, independientemente de donde vivan.

Según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a partir de datos de Hacienda, las diferencias entre la región mejor y peor financiada llega a 728 euros por habitante.

Cantabria es la comunidad con más recursos y una financiación equivalente a 2.906 euros por habitante, mientras que en el lado opuesto se sitúa la Comunidad Valenciana, con 2.178 euros.

Y por ser la peor financiada, la Comunidad Valenciana plantea a Hacienda asumir el 70 % de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales (actualmente es el 50 y el 58 %), «en coherencia» con su participación en el gasto del Estado del bienestar.

En el documento entregado a Hacienda, la Generalitat plantea este aumento de ingresos para garantizar la sanidad, la educación y la protección social, pero también insisten en que las forales aporten a un fondo básico para asegurar la prestación equitativa en servicios fundamentales.

En el caso de Murcia, su presidente, Fernando López Miras, afirma que la región recibe 250 millones menos que la media de comunidades, 451 menos que la media de las uniprovinciales y 1.056 millones menos que la mejor financiada, Cantabria.

En el documento, Murcia aclara que no quieren incrementar los impuestos sino recibir un porcentaje de ellos mayor del que obtiene actualmente, además de la condonación de la deuda que está ya en más de 8.000 millones.

Sobre el tema foral y la «discriminación» que supone frente a las de régimen común también se pronuncia Castilla y León.

Para la Junta, «la discriminación por habitante» no es consustancial al régimen foral sino que se produce por una «defectuosa aplicación práctica» y porque las cantidades que las forales pagan al Estado son inferiores a las que les corresponderían.

Cantabria introduce en el documento el asunto del ‘statu quo’, es decir, que la reforma no suponga pérdida de recursos para ninguna comunidad y subraya que eliminar esta cuestión perjudicaría gravemente a las regiones.

Y sobre el mantenimiento del ‘statu quo’ también se pronuncia Aragón por entender que con el nuevo modelo ninguna comunidad deberá sufrir un descenso del volumen de recursos respecto a los que dispone ahora.

Asturias alerta que fijar diferencias según recaudación quebraría la igualdad, mientras que Baleares propone un sistema de «dos velocidades» en el que todas se sientan cómodas.

Extremadura emplaza al Gobierno a dar «el siguiente paso»; La Rioja pide «igualdad, transparencia y armonización», mientras que la Xunta de Galicia cuestiona la falta de «claridad e información» sobre el cupo vasco e insiste en que haya más explicaciones.

A esto, algunos partidos de la oposición reprochan a la Xunta que esté más a la expectativa de lo que plantee su partido y el Gobierno central, que presentando propuestas en defensa de los gallegos.

Por su lado, Canarias exige una financiación eficiente y sostenible, adicional al Régimen Económico y Fiscal.

Y Cataluña, intervenida por el Gobierno en virtud del 155, no ha participado hasta ahora en el proceso, si bien tras el 21-D está por ver si el nuevo Govern se aviene o no a tomar parte en estas negociaciones.