Palo de María Jesús Montero a la lotería: lo que puede pasar ahora con los premios
Hacienda no ha desvelado qué beneficios fiscales se van a revisar o eliminar
El Ministerio de Hacienda estudia los beneficios fiscales con el objetivo de reducirlos este año en una décima de PIB (unos 1.675 millones de euros), tal y como se comprometió con Bruselas en el Plan de Recuperación y el plan fiscal estructural a medio plazo.
Por el momento Hacienda no ha desvelado qué beneficios fiscales se van a revisar o eliminar, algo que dependerá de si cumplen sus objetivos, pero los informes en los que se basará su análisis apuntan en varias direcciones, desde los premios de loterías o las indemnizaciones por despido a los tipos reducidos de IVA o el diésel.
El Plan de Recuperación ya recogía como hito en 2021 la introducción de cambios normativos para modificar o suprimir beneficios fiscales, siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos y con el objetivo de lograr un sistema tributario más eficaz y aumentar los ingresos.
Este compromiso se cifró en aumento permanente de los ingresos públicos de una décima de PIB en el informe de seguimiento del plan fiscal remitido a Bruselas en abril, donde además se especificaba que el hito tendrá que cumplirse antes de final de 2025. Fuentes de Hacienda han señalado que para lograr este objetivo se basarán en los análisis sobre beneficios fiscales realizados en los últimos años tanto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como por un grupo de expertos integrado por el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos.
Hacienda busca beneficios fiscales en el IVA
También estudió beneficios fiscales en el IVA -los tipos reducidos costaban 17.787 millones; la exención para sanidad y educación, 3.457 millones, y la de servicios financieros, 2.777 millones- y la diferencia impositiva entre el diésel y la gasolina, que suponía una merma de ingresos de 1.162 millones. Por lo que respecta al impuesto de sociedades, analizó los tipos reducidos (323 millones), la deducción por incentivos a la investigación y desarrollo (244 millones) y la de donativos (107 millones).
Desde entonces, algunos de estos beneficios fiscales se han visto reducidos, como el que permite deducir las aportaciones a los planes de pensiones individuales, pero otros se han incrementado, como la reducción para rentas del trabajo bajas o la bajada del tipo de IVA para el aceite.
Los trabajos de la AIReF se completaron con una nueva revisión de la efectividad de quince beneficios fiscales realizada en 2021 y 2022 en cumplimiento del Plan de Recuperación por un grupo de expertos integrado por el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos. Estos análisis evaluaron varios beneficios fiscales en el impuesto de sociedades: reducción por reservas de capitalización (566 millones), régimen de entidades sin ánimo de lucro (270 millones), deducción por producciones cinematográficas (79 millones), ajustes de intangibles (60 millones) y reserva de nivelación (53 millones).
También examinaron varias exenciones de IRPF -por incapacidad permanente absoluta (1.177 millones), indemnizaciones por despido (612 millones), prestaciones de maternidad y paternidad (533 millones), rendimientos del trabajo en el extranjero (60 millones) y ciertas prestaciones por desempleo (32 millones)-. Asimismo, estudiaron la reducción a familias monoparentales en tributación conjunta (1.014 millones), el régimen de las anualidades por alimentos (143 millones) o la exención por venta de vivienda habitual para mayores de 65 años (7 millones).
El reto de la equiparación de diésel y gasolina
Un caso aparte es la situación del diésel, que paga un tipo del impuesto de hidrocarburos inferior al de la gasolina, algo que ya fue estudiado por la AIReF como beneficio fiscal.
La equiparación de la fiscalidad de ambos carburantes es incluso un compromiso del Plan de Recuperación, pero por el momento parece difícil sacarlo adelante ante la falta de apoyos parlamentarios, un incumplimiento que ha supuesto perder 460 millones de fondos europeos.
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