Malas noticias de Hacienda: la nueva norma que revienta las transferencias entre familiares

• Pedro Antolinos @pedroantolinos
• Periodista. Redactor de deportes y de la Comunidad Valenciana. También especialista en SEO. En OKDIARIO desde 2017.
• • 03/02/2025 07:00
  • Actualizado: 03/02/2025 07:30

Hacienda se ha propuesto para 2025 llevar un mayor control sobre los ciudadanos para evitar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Desde la Agencia Tributaria andarán ojo avizor de aquí en adelante a todos los movimientos bancarios que realicen los españoles, ya sea a través de una transferencia, pagos con tarjeta de crédito o débito o incluso los envíos a través de Bizum. La última medida tiene que ver con las transferencias bancarias que se realizan entre familiares.

Desde este 1 de enero, Hacienda ha aumentado el control sobre los ciudadanos y para ello estará pendiente de todos los movimientos que se realizan en las entidades financieras. La última línea de actuación de la Agencia Tributaria tiene que ver con las transferencias que se realizan de forma asidua entre familiares, que a partir de ahora tendrán que ser declaradas si se superan ciertos límites.

Aunque se trate de una simple transferencia bancaria de un padre a un hijo para ayudarle a superar el final de mes, desde Hacienda podrán considerar que este movimiento está dentro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Por ello, a partir de este año se obligará a los bancos a trasladar la información a las autoridades cuando las cantidades superen ciertos límites, que tendrán que ser declarados en el correspondiente ejercicio del IRPF.

Los límites de las transferencias bancarias entre familiares

El límite fijado para las transferencias entre familiares está en 3.000 euros, que será la cantidad a partir de la que las entidades bancarias podrán informar a Hacienda del movimiento. A partir de los 6.000, la Agencia Tributaria puede abrir una investigación para dictaminar el origen y destino de este dinero.

Cuando la transferencia sea de estas cantidades, el dinero se tendrá que declarar y tributar por él con el impuesto correspondiente a cada comunidad autónoma. No informar a Hacienda de estos movimientos puede desembocar en multas que pueden ir de los 600 euros en adelante. Con esta iniciativa las autoridades pretenden evitar el blanqueo de capitales, fraude fiscal y lo más importante: llevar a cabo una mayor recaudación para engordar las arcas del Estado.

Hacienda aumenta el control

Esta es otra de las medidas con las que Hacienda intensificará a partir de 2025 el control sobre los ciudadanos. Desde la Agencia Tributaria también trabajan en una nueva norma que obligue a declarar todo el dinero que se pague con tarjeta de crédito, débito u otro tipo de herramienta que se utilice para pagar con internet. Con ello, las autoridades pretenden que se tribute todo el dinero que se mueve en el comercio electrónico, incluso cuando se realizan con otro medio de pago que no sea el euro o una unidad monetaria convencional.

De esta manera, la intención de Hacienda con este nuevo decreto es que las personas que hagan pagos de más de 25.000 euros al año con tarjeta de crédito tengan que declararlo en la campaña de la renta. A falta de confirmación oficial, parece que el próximo año 2026 será el primer año en el que entrará esta norma en vigor. El que supere esta cantidad este año tendrá que presentarlo el año próximo en el ejercicio del IRPF.

De esta forma, desde la Agencia Tributaria reclamarán a los bancos todos los movimientos realizados por sus clientes con tarjeta de crédito o débito, prepago o incluso otras tarjetas digitales que se puedan utilizar para pagar a través de internet. En este informe se tiene que incluir de forma obligatoria el nombre y apellido del titular de la tarjeta, además del importe global de todas las operaciones y el número de cargos realizados a lo largo del año. Hacienda también reclamará las retiradas de efectivo realizadas en los bancos.

Esta nueva norma propuesta por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero tendrá que someterse primero a consulta pública, para después llegar al Consejo de Estado y posteriormente al Consejo de Ministros. Una vez aprobada por el Gobierno, tendrá que ser debatida y aprobada finalmente en el Congreso de los Diputados. Visto lo que ha pasado recientemente con el decreto ómnibus, el debilitado Pedro Sánchez tendrá que sudar tinta para poder sacar adelante una norma que aumentará el control fiscal sobre los ciudadanos españoles.