Madrid es la quinta ciudad europea donde más entidades financieras británicas se mudan tras el Brexit

El Brexit ha provocado una fuga de empresas de Reino Unido a otros países. En concreto, un total de ocho entidades financieras británicas han anunciado el traslado de algunas de sus operaciones o de su personal a Madrid, lo que sitúa a la capital española como quinta ciudad europea favorita para la reubicación de profesionales y activos después de la salida del país que preside Boris Johnson de la Unión Europea (UE).

Según un análisis de EY Financial Services Brexit Tracker, desde el referéndum de 2016, el 40% de las entidades analizadas (89 de 222) han confirmado o anunciado realizar un traslado de profesionales o activos a una ciudad de los 27 países miembros, mientras que el 12% (27) han apuntado varias ubicaciones en el continente.

Entre las principales capitales, Dublín se mantiene como el destino más popular del sector financiero de Reino Unido, con un total de 36 entidades que la han seleccionado por su cercanía y sus beneficios fiscales para las empresas. Seguido muy de cerca por Luxemburgo con 29 entidades financieras. En tercer lugar, se sitúa Frankfurt, designada por 24 entidades y, en el cuarto, París con un total de 20.

Mientras, Madrid comparte la quinta posición con Ámsterdam, que también ha sido elegida por ocho entidades tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea -que se materializó el pasado 31 de diciembre, mientras que Bruselas y Milán cierran la lista con seis y cinco, respectivamente.

Además del traslado de operaciones, el análisis de EY también cifra el impacto en el empleo, con cerca de 7.600 puestos de trabajo que se han visto afectados desde el referéndum en Reino Unido, una cifra que ha crecido en 1.000 empleados desde octubre de 2020. Un dato que afecta gravemente a la capital en plena crisis económica derivada de los efectos de la pandemia.

Migración de activos a Europa 

En este proceso de recolocación, 24 de las mayores empresas de servicios financieros del país (diez bancos, nueve aseguradoras, y cinco gestoras de patrimonios y activos) han anunciado o confirmado su intención de transferir activos del Reino Unido a la Unión Europea debido al Brexit.

A pesar de que no todas las entidades han declarado públicamente el valor de los activos que podrían verse afectados, según el análisis de EY la cifra es de casi 1,3 billones de libras esterlinas (unos 1,5 billones de euros), frente a los 1,2 billones de libras (unos 1,39 billones de euros) que se preveían en octubre de 2020.

Las entidades están a la espera de los detalles del próximo Memorándum de Entendimiento sobre Servicios Financieros y, en breve, afrontarán una nueva ronda de negociaciones sobre el marco que definirá en última instancia la futura relación en este ámbito desde se materializó la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

«Los desafíos siguen siendo significativos y existe el riesgo de fragmentación en el mercado, lo que generaría costes e ineficiencias para los usuarios de servicios financieros y sería potencialmente perjudicial para la competitividad tanto del Reino Unido como de la UE y sólo beneficiaría a Estados Unidos y Asia», ha explicado el socio responsable de Servicios Financieros de EY, Francisco Velasco.

Golpe a las entidades financieras

El 26% de las entidades del Reino Unido analizadas (57 de 222) han declarado públicamente que el Brexit está afectando o afectará negativamente a su negocio, frente a las 49 empresas que así lo reconocían en enero de 2020. Un escenario al que hay que sumar los efectos negativos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial.

Desde finales de diciembre de 2020 y transcurridos dos meses desde el acuerdo del Brexit, diez empresas de servicios financieros -formadas por algunas de las mayores entidades bancarias, bancos de inversión y gestores de patrimonio y activos que operan en el país británico- han instado públicamente al Gobierno y a los reguladores del Reino Unido a garantizar las condiciones necesarias para que el sector siga siendo competitivo.

Las declaraciones públicas incluyen el deseo de que se cree un entorno operativo accesible tanto para el comercio local e internacional como para los servicios de negocio, empresas locales como internacionales de comercio y servicios.