El juicio por la demanda de Orcel a Santander se reanuda este miércoles

El juicio por la demanda de Andrea Orcel, actual consejero delegado de Unicredit, contra Banco Santander por dar marcha atrás y renunciar finalmente a su fichaje se reanuda este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid. Orcel reclama al banco 77 millones de euros.

Orcel acusa al Santander de incumplir un contrato que el banco, sin embargo, no reconoce al estar condicionado a varios requisitos que, posteriormente, no se cumplieron; además, asegura que el banquero grabó sin consentimiento conversaciones privadas.

La sesión del 11 de junio se suspendió tras constatarse que no era posible celebrar las pruebas testificales que estaban previstas, entre ellas las del presidente no ejecutivo del banco de inversión UBS, Axel Weber, entidad de la que procedía Orcel antes de «fichar» por el Santander, y del director de compensaciones, Mark Shelton.

Aunque el juez se interesó por que ambos comparecieran en persona al estar habituados a «viajar mucho», finalmente lo harán por videoconferencia desde Suiza.

La ausencia de Weber y Shelton fue el motivo por el que ya se suspendió la vista en mayo, después de que los abogados de Orcel decidieran no renunciar a sus testimonios.

Asimismo, entre los testigos previstos figuran el responsable a nivel global de Recursos Humanos del Santander, Roberto di Bernardini, así como el secretario general del banco, Jaime Pérez Renovales.

La disputa entre el banquero y la entidad que preside Ana Botín comenzó en verano de 2019, cuando el italiano demandó al banco por dar marcha atrás a comienzos de ese año a su contratación, lo que le llevó a abandonar su puesto de alta dirección en UBS.

En un primer momento, Orcel solicitaba 112 millones de euros; sin embargo, poco antes del juicio decidió rebajar esta cantidad a unos 77 millones, y renunciar a la principal pretensión de su demanda, ser nombrado «número dos» de la entidad española.

De esta nueva cuantía, 17 millones corresponderían a la prima de incorporación; 30 millones, al paquete pendiente de recibir de UBS; unos 20 millones en concepto de las dos anualidades que habría percibido como consejero delegado del Santander, y 10 millones, por daños reputacionales.

En la primera sesión del juicio, Ana Botín, que compareció como testigo, reiteró que nunca hubo un contrato, sino «una carta-oferta que nos obligaba a muchas cosas, pero no un contrato».

Botín se remitió al consejo de administración y a la junta de accionistas de la entidad, ninguno de los cuales dio su visto bueno al fichaje del italiano. «No es posible firmar un contrato si no lo aprueba la junta de accionistas», incidió.