El juez seguirá investigando si BBVA usó datos policiales en caso Villarejo

La Audiencia Nacional ha ratificado este lunes la decisión del juez que investiga la relación del BBVA con empresas vinculadas al excomisario de policía José Manuel Villarejo, que en septiembre pasado acordó investigar si se contrató a la empresa Anbycol para acceder a bases de datos policiales.

El pasado 19 de septiembre, el juez Manuel García Castellón ya rechazó un recurso del banco contra la decisión de investigar la contratación de la empresa Anbycol para acceder a bases de datos policiales, decisión que fue recurrida por el banco y que ahora ha ratificado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un auto fechado hoy al que ha tenido acceso Efe.

El pasado mes de julio, el juez prorrogó la instrucción hasta enero de 2023 y, entre otras cosas, acordó investigar la contratación por parte del banco de Anbycol, sociedad del entonces policía Antonio Bonilla, que fue director de Operaciones de Cenyt, una de las empresas vinculadas al excomisario Villarejo. Los hechos que se investigan conciernen a la contratación por parte del banco de la empresa de Bonilla, a través de la cual empleados del banco habrían conseguido información reservada de bases policiales.

El banco recurrió esta decisión al entender que le provocaba indefensión, ya que no fue debidamente informado de las diligencias, y que hubo una «instrucción secreta en su contra», durante más de un año, de la que no se le dio traslado. La Fiscalía, en un documento fechado el pasado 2 de septiembre, destacaba que el oficio policial de 15 de abril de 2021 que el juez ha añadido a la causa «tiene por objeto un análisis inicial de datos de los teléfonos móviles intervenidos en el momento de la detención de Antonio Bonilla y del exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño.

Para la Fiscalía Anticorrupción «lo único que se puede afirmar en este momento es que Antonio Bonilla fue trabajador de Cenyt, que existió una relación ‘encubierta’, en el sentido de no estar amparada en muchas ocasiones por contratos por escrito y mantenerse la misma lo más oculta posible en su contenido entre Cenyt y BBVA, y que los nuevos correos ponen de manifiesto que esta relación perduró más allá de la detención de Villarejo».

Por ello, asegurar que no existe relación entre la contratación y los hecho que investiga el juez supone «un acto de fe». El juez García Castellón investiga la operación «Trampa», novena pieza separada del «caso Villarejo» que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, momento en el que la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar, el exjefe de seguridad Julio Corrochano o el ex consejero delegado Ángel Cano.