El insostenible Estado de Bienestar: el gasto ha subido un 2.000% desde que el PSOE llegó al poder en 1982

El Estado de Bienestar ha alcanzado tal dimensión en España desde que el PSOE llegó al poder en 1982 que el conjunto del gasto público impulsado por las principales partidas -las pensiones, la sanidad y la educación- ha aumentado nada menos que un 2.000% en los últimos cuarenta años -a un ritmo mucho más acelerado que el registrado en la mayoría de los países europeos-, según los datos de la Contabilidad Nacional. Para financiar tal expansión presupuestaria ha sido necesario un incremento muy intenso de la presión fiscal, que en términos de poder de paridad de compra -el indicador estadístico más preciso- está seis puntos por encima que la media de la zona euro.

Durante toda esta época, el peso del gasto público en relación con el Producto Interior Bruto ha pasado del 31% hasta un máximo de casi el 52% en el que se ha situado tras las políticas desplegadas durante el mandato de Sánchez como presidente del Gobierno. Entre ellas, hay muchas relacionadas con las iniciativas adoptadas para hacer frente a la pandemia y luego a la guerra en Ucrania desatada por la invasión de Rusia, pero la mayoría han sido discrecionales, al margen de las urgencias del momento, y relacionadas estrictamente con la estrategia del Partido Socialista en el poder. Esta clase de medidas incluyen la aprobación de un ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones en un 8,5% de acuerdo con la inflación, los cheques para jóvenes, o -la más reciente de todas- el aumento de las becas para la educación por un importe de 2.000 millones.

Las últimas medidas adoptadas por Sánchez han tomado cuerpo en pleno tiempo electoral, con los comicios autonómicos y municipales en ciernes -el próximo mes de mayo- y las elecciones generales poco después, a finales de año. Según el economista Juan Iranzo -uno de los participantes en un debate organizado por el Club Liberal Español bajo el lema Estado de Bienestar y Gasto Público-, el interés invencible por seguir en el poder es el que inspira la estrategia de expandir aún más el mal llamado escudo social, ya que «el resultado final de las votaciones lo decide en gran parte los mayores, que son los principales favorecidos por el aumento de las jubilaciones, las partidas dedicadas a la sanidad y también por el presupuesto destinado a la dependencia». Pero esta manera de actuar recuerda mucho las admoniciones que ya hizo el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek el siglo pasado, añade Iranzo: «Cuanto más aumenta el gasto público mayor es el control que ejerce el poder político sobre los ciudadanos».

El incremento del peso del gasto público sobre el PIB ha sido consustancial a los gobiernos socialistas. De hecho, cuando el entonces presidente del PP José María Aznar ganó por primera vez las elecciones generales en 1996 se inició una senda de contención presupuestaria al punto de que el gasto pasó del 48% al 45% del PIB, donde se situó cuando abandonó el poder en 2004. Además de que aquella estrategia formaba parte de la ‘filosofía popular’ impulsada por Aznar, toda aquella etapa estuvo marcada por el interés máximo del presidente en que España ingresara en la zona euro desde el primer momento, lo que obligaba a cumplir una serie de condiciones como rebajar el déficit presupuestario y la deuda pública, así como controlar la inflación, hitos que finalmente se cumplieron satisfactoriamente.

Pedro Schwartz, catedrático de Historia del Pensamiento Económico, también presente en el debate, se mostró muy crítico con la deriva expansionista del gasto público durante las últimas décadas, que sólo se puede financiar con altos impuestos, mayor deuda pública o a cargo de la inflación, todas ellas opciones inconvenientes. A juicio de Schwartz, la subida de impuestos disuade la inversión, que, en cambio, aumenta cuando se reduce el gasto público y mejoran las expectativas de los hombres de negocio y del capital en busca de oportunidades. «No todo puede ser gratis en la vida, es preciso establecer instrumentos moderadores como el copago en algunos servicios públicos a fin de moderar la demanda, que tiende a ser infinita a coste cero».

A su juicio, el gasto excesivo en atenciones sociales es muy peligroso porque multiplica las demandas ciudadanas hasta un punto en que difícilmente pueden ser satisfechas, lo que provoca frustración entre la opinión pública, protestas generalizadas y finalmente tensiones de todo orden, con grupos políticos dispuestos a explotar la situación por todos los medios. «Así lo estamos viendo por ejemplo en América Latina, donde la mayoría de los países son pasto del populismo y en la que se han instalado gobiernos insensibles a la disciplina fiscal y la sanidad presupuestaria. En España ya estamos afrontando una situación parecida, con una presencia abusiva del Estado, con intervenciones generalizadas en todos los órdenes de la actividad económica y una ausencia clamorosa de reformas estructurales destinadas a liberar la capacidad de creación de riqueza de los individuos y a estimular el desarrollo de las compañías».

Iranzo apostilló el debate proponiendo fórmulas para disminuir el peso incesante del gasto público como un aumento de la edad de jubilación, el alargamiento de los periodos de cotización necesarios para el cálculo de las pensiones e igualmente el establecimiento de copagos en el sistema sanitario, todas ellas medidas que contribuirían a frenar la escalada sin control de las obligaciones presupuestarias, ayudarían a frenar el déficit y lograrían reprimir la deuda pública, actualmente en niveles récord.