El hotel Arts Barcelona cierra una operación millonaria con Hacienda bajo el silencio de Colau

El Hotel Arts Barcelona ha cerrado una operación inmobiliaria millonaria con el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero que ha indignado a los vecinos de la Ciudad Condal. Hablan, de hecho, de «especulación» en toda regla. Este movimiento se ha producido bajo el silencio cómplice de la alcaldesa Ada Colau, que ha renunciado ‘de facto’ a sus planes para recuperar el litoral de Barcelona, donde se habían generalizado los atracos, el tráfico de drogas o la prostitución.

Hay dos beneficiarios claros: unos fondos de inversión extranjeros y el Ministerio de Hacienda. Y un perdedor: el ciudadano. Los ganadores son los fondos ABP (de Holanda), GIC (fondo soberano de Singapur) y Host Hotels & Resorts (EEUU), propietarios de la inversora hotelera Archer Hotel Capital, dueños del edificio del Arts, que gestiona la cadena Ritz-Carlton. Se han ‘quedado’ 24 de los 26 lotes que el Ministerio de Hacienda subastó el pasado lunes porque la concesión preolímpica de 30 años había caducado. El precio de salida sumaba 68,3, que al final se han convertido en 93,3 millones.

El segundo gran ganador es, por lo tanto, Hacienda, que recaudará 93,3 millones en un momento en el que las arcas públicas se encuentran medio vacías, con el déficit y la deuda disparados por la crisis del coronavirus. 

El negocio para los propietarios del hotel Arts Barcelona es redondo: los cotizados locales pasarán a ser de su propiedad y tendrán licencias que cotizarán a precio de oro, ya que no dependerán de concesiones temporales como ha ocurrido durante las últimas tres décadas.

Esto es lo que justamente ha hecho que las asociaciones vecinales consideren que es una operación del todo especulativa en una zona dedicada al ocio nocturno y la oferta de restauración, donde los vecinos vienen reclamando una reforma desde hace años.

Sorprende que ante esta operación la primera edil de Barcelona, Ada Colau, se haya callado, sobre todo teniendo en cuenta que la antigua activista había prometido por activa y por pasiva vecinos de recuperar el frente litoral y devolverle el uso público que tanta reclaman.

Los planes del hotel pasan por construir y mantener los usos de ocio y restauración en la zona, para dar un servicio de acuerdo a las necesidades de sus huéspedes y, por lo tanto, tutelar toda la zona. Los más críticos con la operación inmobiliaria alertan de que no se ha pensado en los ciudadanos de Barcelona pese a las promesas de Colau y que las lujosas instalaciones quedarán en manos de los fondos de inversión.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han llevado a cabo esta operación de privatización del litoral de Barcelona con el silencio cómplice del gobierno local de Ada Colau y Jaume Collboni (PSC), rompiendo así con el consenso que llevó al Consistorio a aprobar un Plan Estratégico del litoral que fijaba unos objetivos de habitabilidad y de sostenibilidad ambiental y económica.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, «con esta subasta se mantiene el modelo de ocio y restauración con el agravante elitista del proyecto que dejará fuera a la gran mayoría de barceloneses y se paraliza el plan para modificar esos usos y transformarlos en investigación, ciencia y cultura que había prometido el gobierno de Colau».

El papel del Ayuntamiento de Colau

Asociaciones de Vecinos y la oposición habían pedido de forma reiterada que el Ayuntamiento también pujase por estos espacios en la subasta para evitar la privatización de este espacio. El Ejecutivo local no pujó por ningún lote de la subasta y tampoco hizo valer su condición de adjudicatario inicial de las parcelas. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha dicho que limitará «el pelotazo» y que el hotel «no podrá hacer lo que quiera», pero lo cierto es que la operación ha salido adelante y los fondos de inversión controlarán esta zona del litoral de la Ciudad Condal.

La pasividad del equipo de Ada Colau para evitar la privatización del litoral contrasta con la actitud vehemente que tuvo el Ejecutivo local contra proyectos de carácter cultural como el Museo Hermitage. La instalación no contó con el beneplácito de Janet Sanz, que argumentó problemas de movilidad y una supuesta privatización del espacio.