Hacienda obliga a Wallapop, Vinted o Airbnb a dar la información sobre sus vendedores

Desde el pasado 6 de febrero hasta el 6 de abril, plataformas digitales como Wallapop, Vinted y Airbnb contarán con un plazo específico de dos meses para presentar información detallada sobre sus vendedores. La reciente Orden reguladora del modelo de declaración, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que estas plataformas deben informar sobre los vendedores que realicen más de 30 operaciones de venta de bienes con un importe superior a 2.000 euros anuales.

El Gobierno, mediante un real decreto aprobado la semana pasada, ha desarrollado normas y procedimientos relacionados con la obligación de información y diligencia debida para la declaración informativa de los operadores de plataformas digitales. Estas medidas buscan transponer la DAC 7 e implementar el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información relativa a ingresos obtenidos a través de estas plataformas, en el ámbito de la OCDE.

Vendedores vigilados por Hacienda

La nueva obligación afectará a vendedores que, utilizando servicios transaccionales en plataformas como Wallapop o Vinted, hayan vendido 30 artículos o más en un año, con un importe de más de 2.000 euros en las ventas. Además, la normativa se extiende no solo a alquileres a corto plazo, sino también a cualquier forma de arrendamiento, incluidos los alquileres a largo plazo.

Estas medidas responden a la creciente importancia de regular la economía digital y asegurar que las plataformas cumplan con sus obligaciones fiscales. El real decreto especifica procedimientos para operadores de plataformas digitales, detallando las condiciones de las nuevas obligaciones de registro e información. Una vez obtenida la información de los vendedores, los operadores verificarán dicha información antes de presentarla ante la Administración Tributaria.

La información recopilada será intercambiada por la Administración Tributaria española con el Estado miembro de la Unión Europea donde resida el vendedor o, en el caso de arrendamiento, con el Estado miembro donde esté localizado el bien inmueble. Además, la normativa contempla la posibilidad de intercambiar información con ‘jurisdicciones socias’ fuera de la UE, en el marco del Acuerdo Multilateral de la OCDE.

Obligaciones de las empresas

Los operadores de plataforma registrados en España están obligados a comunicar información sobre vendedores que utilizan sus plataformas para llevar a cabo actividades pertinentes. Estas actividades incluyen el arrendamiento o cesión temporal de uso de bienes inmuebles, servicios personales, la venta de bienes y el arrendamiento de cualquier medio de transporte.

Los operadores deben aplicar normas y procedimientos de diligencia debida sobre los vendedores para obtener y verificar la información necesaria. Por su parte, los vendedores estarán sujetos a estas normas y procedimientos.

Ciertos vendedores están excluidos de esta obligación, como entidades estatales y entidades cotizadas. También se establece una franquicia para vendedores ocasionales que realicen anualmente menos de 30 operaciones de venta de bienes, con un importe no superior a 2.000 euros.

El real decreto especifica que la información debe abordar las ‘actividades pertinentes’, que comprenden el arrendamiento de bienes inmuebles, servicios personales, venta de bienes y arrendamiento de cualquier medio de transporte. Los datos a comunicar incluyen la identificación de operadores de plataforma y vendedores, actividades desarrolladas, contraprestación, identificación de cuentas financieras, tributos y comisiones, entre otros.

Estas nuevas regulaciones buscan fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito digital y asegurar que las plataformas cumplan con sus obligaciones fiscales. La implementación de estas medidas tiene como objetivo facilitar el intercambio de información entre países y garantizar una tributación justa en el entorno digital.

El intercambio de información fiscal entre países se llevará a cabo de manera efectiva, con la Administración Tributaria española compartiendo la información recopilada con el Estado miembro de la Unión Europea donde resida el vendedor. Este intercambio no se limita a la UE, ya que la normativa contempla la posibilidad de compartir información con ‘jurisdicciones socias’ fuera de la UE, en consonancia con el Acuerdo Multilateral de la OCDE.

El Gobierno, al introducir estas regulaciones, busca abordar las complejidades fiscales emergentes en el contexto de la economía digital y garantizar que los ingresos generados a través de plataformas digitales estén adecuadamente declarados y gravados. Esto marca un paso significativo hacia la equidad fiscal en un entorno económico cada vez más digitalizado.

Estas medidas también señalan una mayor atención a la economía digital por parte de los reguladores y gobiernos. A medida que la digitalización continúa transformando la manera en que se realizan las transacciones comerciales, es probable que veamos un aumento en la regulación y la obligación de transparencia fiscal para las empresas que operan en este espacio.

Empresas como Wallapop, Vinted y Airbnb, junto con otros operadores de plataformas digitales, deberán adaptarse a estos cambios normativos para cumplir con las nuevas obligaciones y garantizar el cumplimiento fiscal. La colaboración con asesores fiscales y la implementación de sistemas eficientes de recopilación y presentación de información serán esenciales para facilitar una transición sin problemas y cumplir con las obligaciones legales.

Por tanto, la implementación de estas nuevas regulaciones fiscales para plataformas digitales representa un paso importante hacia la creación de un entorno tributario más transparente y justo en la era digital. Con el plazo de dos meses para la presentación de información en marcha, se espera que las plataformas digitales se adapten y cumplan con estas nuevas normativas para garantizar la integridad del sistema fiscal y la equidad en la tributación.