Hacienda endurece el criterio fiscal de las prejubilaciones: algunos trabajadores tendrán que pagar hasta 60.000 euros más en el IRPF

• Aitana Pascual
• Aitana Pascual Cuesta (2001) es estudiante de Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid desde el 2023. Escogió esta profesión por su gran vocación con la comunicación y la escritura. Hoy en día, tiene mucho interés por la historia, deportes y actualidad. Su principal objetivo es seguir formándose y aprender a contar los sucesos de forma clara y rigurosa.
• • 14/11/2026 18:30
  • Actualizado: 14/11/2026 18:30

Los trabajadores que estén pensando en acogerse a una prejubilación o que ya hayan abandonado su empresa mediante un plan de bajas incentivadas pueden encontrarse con una factura fiscal mucho más elevada de lo esperado. Hacienda ha unificado su criterio sobre estas compensaciones y ha establecido que no podrán beneficiarse de la exención del IRPF cuando la salida se produzca mediante un acuerdo voluntario y no exista un expediente de regulación de empleo (ERE) en marcha. La decisión puede afectar especialmente a empleados de banca y grandes compañías, donde estas fórmulas se utilizan habitualmente para reducir plantillas sin recurrir inicialmente a despidos colectivos.

El ERE, la clave para evitar el IRPF

La decisión procede de una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). El organismo considera que las cantidades recibidas por adherirse voluntariamente a programas de prejubilación, jubilación anticipada o bajas incentivadas no están exentas cuando no existe un procedimiento de despido colectivo en ese momento.

El tribunal diferencia así entre una salida pactada individualmente y una extinción de contrato vinculada a un ERE formalmente iniciado. No basta con que la empresa tenga previsto reducir su plantilla o que el trabajador considere que su marcha responde a una reestructuración. La existencia del procedimiento colectivo debe poder acreditarse.

Hasta 60.000 euros más de impuestos

Un trabajador soltero y sin hijos que cobre 40.000 euros anuales y reciba una compensación de 80.000 euros podría pasar de pagar unos 7.200 euros de IRPF en Madrid a aproximadamente 29.600 euros si no existe un ERE.

La diferencia aumenta con las indemnizaciones más elevadas. Para un empleado con un salario de 100.000 euros y una compensación de 300.000 euros, la factura fiscal estimada podría alcanzar los 121.000 euros en Madrid y los 132.000 en Barcelona, frente a los 67.000 y 72.000 euros, respectivamente, en el supuesto de un despido colectivo. Son simulaciones orientativas, no cantidades aplicables a todos los contribuyentes.

¿Qué pueden hacer los trabajadores afectados?

La resolución no significa que todas las cantidades recibidas por prejubilación deban tributar siempre sin excepción. Cuando se cumplen los requisitos legales, puede existir una reducción del 30% para determinados rendimientos derivados de la extinción laboral. Además, las indemnizaciones por despido colectivo pueden disfrutar de una exención con un límite máximo de 180.000 euros.

El nuevo criterio complica especialmente las reclamaciones ante Hacienda, aunque no cierra la vía judicial. Los tribunales contencioso-administrativos no están vinculados por las resoluciones del TEAC de la misma manera que la Administración tributaria.

Por ello, antes de firmar una prejubilación, los expertos recomiendan revisar las condiciones de salida, comprobar si existe un ERE formalmente abierto y calcular el impacto fiscal. Una decisión que puede marcar una diferencia de decenas de miles de euros en el dinero que finalmente recibe el trabajador.