Las grandes empresas catalanas no piensan volver aunque haya incentivos: «Siguen hablando de referéndum»

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 10/01/2024 13:33
  • Actualizado: 10/01/2024 15:21

Las grandes empresas catalanas no tienen intención de volver a poner su sede en esa comunidad autónoma ni siquiera aunque el Gobierno dé finalmente incentivos fiscales a su regreso debido a que persiste la inseguridad jurídica, según han asegurado a OKDIARIO altos directivos de varias de estas compañías.

Estas fuentes rechazan de plano la imposición de sanciones si no regresan las empresas catalanas, algo que consideran que sería ilegal, como aseguró a este medio el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta. Esta mañana, el ministro de Industria, Jordi Hereu, se ha mostrado partidario de facilitar este retorno con medidas «en positivo» -es decir, mediante incentivos fiscales y no con sanciones- en las jornadas Spain Investors Day en Madrid.

Pero, aunque finalmente sea ése el caso, los empresarios de la región siguen sin tener ninguna intención de regresar. «Tenemos a ERC y a Junts diciendo que volverán a convocar un referéndum en cuanto puedan y exigen a Pedro Sánchez negociarlo. Mientras esta situación persista, no podemos plantearnos volver», declara uno de los directivos citados.

Como es sabido, Junts ha exigido a Sánchez la imposición de sanciones para las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña durante el procés y que decidan no volver, a cambio de apoyar este miércoles en el Congreso el Real Decreto-ley ómnibus del Gobierno. Esta norma contiene, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, la subida de impuestos a la luz y el gas, la aceleración de permisos para energías renovables o la prolongación de la rebaja del IVA de los alimentos.

Otra posibilidad, a la que se refirió el martes Patxi López y que ya adelantó OKDIARIO, es modificar la Ley de Sociedades de Capital para obligar a que las compañías sitúen su sede donde tienen el grueso de su actividad. Ahora mismo, esta norma permite fijarla en esa ubicación o donde tienen su centro de decisión, literalmente «el centro de su efectiva administración y dirección».

«Si plantean esa modificación de la ley, lo que van a conseguir no es que las empresas regresen a Cataluña, sino que se lleven a los trabajadores al lugar donde tienen actualmente su sede, lo que sería justo lo contrario de lo que pretende Junts», señala otro de los directivos. Es decir, no sólo no regresarían las empresas catalanas, sino que además habría una salida masiva de empleados que tributarían fuera de la comunidad.

Una tercera fuente considera que «si apruebas una medida para un beneficio teórico, corres el riesgo de que  esa teoría choque con la realidad y que consigas justo lo contrario de lo que pretendes». «En catalán hay un dicho que se aplica a esta situación: a cada bugada perdre un llençol (en cada colada pierdes una sábana)», añade.

El caso de la banca

Más de 6.000 empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña ante la amenaza de una declaración de independencia en 2017. Entre ellas, los dos grandes bancos que tenían su sede en Barcelona: CaixaBank y Sabadell. Su caso es algo diferente al del resto de compañías, ya que no podían correr el riesgo de quedarse fuera de la UE y, en consecuencia, de quedar desconectadas de los sistemas de liquidez y de pagos del Banco Central Europeo. El primero trasladó su sede en Valencia y el segundo, en Alicante.

Aunque ahora el BCE no contempla como riesgo relevante una eventual independencia de Cataluña, estas entidades financieras no pueden permitirse regresar mientras haya una mínima posibilidad de que eso ocurra. Y las constantes amenazas de un nuevo referéndum por parte de los partidos independentistas implican que dicho riesgo no es cero.

Pero el resto de empresas que se marcharon tampoco tiene planes de volver, aunque no tenga un riesgo tan elevado como el de la banca y aunque se ofrezcan incentivos fiscales. Casi todas ellas exigen que desaparezca por completo la inseguridad jurídica y desparezca cualquier posibilidad de un nuevo referéndum de independencia. Algo que no parece posible en un futuro previsible.