El Gobierno puentea a la comisión del Congreso de la Ley Hipotecaria para ganar votos

La rapidez con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió ayer a anunciar un Real Decreto para que sean los bancos y no los compradores de vivienda los que asuman el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) ha sido interpretada como una deslealtad hacia el Congreso. Con estas formas, el Ejecutivo parece más preocupado por captar votos que por dotar de seguridad jurídica el mercado hipotecario.

La idea de cargar a la banca con el pago de ese tributo ya ha sido abordada en el marco de la ponencia de la Comisión de Economía y Empresa que trabaja para preparar el proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario -conocida como Ley Hipotecaria-. Y entre los partidos que forman esa Comisión existe una mayoría suficiente como para poder sacar adelante esa medida sin tener que recurrir al Real Decreto.

Esta forma para legislar elegida por Sánchez presenta algunas dudas jurídicas, como informa hoy OKDIARIO. Y por ello, los diputados que participan en la Comisión sólo interpretan el movimiento del presidente del Gobierno como una fórmula para puentear la Comisión del Congreso y colgarse la medalla ante la opinión pública de ser la mano dura contra el sector financiera.

PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden en que la Ley del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe revisarse para que sean los bancos y no los compradores de vivienda los que paguen ese impuesto. Según confirma a OKDIARIO el ponente de esa comisión y diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, el partido de Albert Rivera comparte la idea de que debe clarificarse quién debe pagar el tributo y debe hacerse a favor del comprador.

El PP pide abolir el impuesto

Por su parte, el PP no comparte esa idea, puesto que el partido de Pablo Casado aboga por abolir directamente este tributo que ha permitido a las comunidades autónomas recaudar 5.000 millones de euros en los últimos cuatro años, según las estimaciones que ha ofrecido esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Según explica a este periódico el economista que está elaborando el programa económico de Casado, Daniel Lacalle, «no es lógico que España cuente con esta figura tributaria que no existe en otros países de nuestro entorno». Por tanto, el Partido Popular no comparte la idea de las otras tres grandes fuerzas políticas de votar a favor de que sean los bancos y no los clientes quienes carguen con el tributo. Además, añade Lacalle, «los bancos acabarán repercutiendo el coste a los clientes porque el Gobierno no puede obligar a una empresa privada a determinar cuál debe ser su margen de beneficio».

En cualquier caso, con los tres partidos citados, la mayoría parlamentaria sería suficiente como para sacar adelante esta medida en el marco de la Ley Hipotecaria. Esto permitiría dotar de una mayor seguridad jurídica al mercado hipotecario que la fórmula elegida por Sánchez del decretazo.

Precisamente, el Congreso retomó este martes los trabajos de la ponencia de la Comisión de Economía y Empresa para lanzar el proyecto de Ley Hipotecaria con la vista puesta en el Pleno del Tribunal Supremo.

Cita clave el próximo martes

Fuentes de la Comisión señalan a este periódico que pese a las prisas de la ministra de Economía, Nadia Calviño, por sacar adelante el texto, los miembros de este grupo de trabajo optaron por la prudencia y volverán a reunirse el próximo martes para tener más claridad sobre la situación del mercado hipotecario y conocer los pormenores de la decisión que adoptó el martes el Supremo a última hora de la tarde, cuando el debate en el Congreso ya había sido zanjado.

Por este motivo, ha generado sorpresa y malestar el anuncio realizado por Sánchez al margen de la comisión encargada de dilucidar el futuro del mercado hipotecario español.

España se juega mucho en esta normativa. No sólo por el peso de su mercado inmobiliario -que superó la cifra de 60.000 millones de euros en hipotecas concedidas el pasado año-. También por la multa de más de 105.000 euros diarios con la que amenaza la Unión Europea si no se transpone rápido la normativa comunitaria en esta materia.