El Gobierno prosigue con su hachazo fiscal: crea los impuestos al plástico y a los residuos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados dirigido a impulsar una economía circular, que restringe los plásticos de un solo uso así como la introducción en el mercado de ciertos productos e incorpora dos nuevos impuestos dirigidos a prevenir la generación de residuos.

Según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el proyecto de ley, que será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación, incluye nuevas obligaciones a los productores de cara la información a los consumidores, aumenta los objetivos de reciclaje de distintos flujos de residuos de aquí a los próximos años e incorpora la obligación de recogida separada para diferentes restos municipales como el textil o los biorresiduos con un calendario de implantación.

El proyecto consta de 118 artículos entre los que se incorpora un impuesto al vertido y a la incineración, para «reducir al máximo» estos tratamientos y apostar por la prevención, la reutilización y el reciclado. La futura ley sustituirá a la actual ley de residuos y suelos contaminados de 2011 y transpone a la legislación española las últimas directivas de la Unión Europea en materia de residuos, del Paquete de Economía Circular y de la directiva de plásticos de un solo uso.

«Es una ley largamente esperada y actualiza una norma e incorpora la última legislación europea al ordenamiento. Con el texto, vamos a dar respuesta a uno de los mayores desafíos del medio ambiente para contribuir a la sostenibilidad y la salud humana», ha manifestado.

Durante su intervención, Montero ha calificado la futura ley como la «clave de bóveda» del paquete normativo en materia de economía circular y como «una de las reformas estructurales más relevantes incluidas en la componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ha presentado a la Comisión Europea».

La propuesta recoge las limitaciones europeas a los productos de plástico de un solo uso e incluye un nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables para «avanzar en la prevención», que se fija en 0,45 euros el kilo.

Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030 con respecto al mismo año. Los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

A partir del 1 de enero de 2023 quedará prohibida la distribución gratuita y se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta. La ley también introduce medidas para otros artículos de plástico no compostable no incluidos en la normativa comunitaria para avanzar en su reducción y sustitución por productos de otros materiales.

Por otro lado, con la entrada en vigor de la norma, quedará prohibida la introducción en el mercado de otra serie de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable así como las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros.

Asimismo, el proyecto recoge requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones han de permanecer unidos al recipiente o las botellas PET han de contener un 25 por ciento (%) de plástico reciclado a partir de 2025 y todas las botellas de bebidas, incluidas las de PET, un 30% en 2030).

Además, para las botellas de plástico, el texto establece objetivos de recogida separada en dos horizontes temporales: en 2025 se deben recoger separadamente el 77% en peso respecto al introducido en el mercado, aumentando al 90% en 2029.

Muchos producto afectados por la nueva normativa

Por otro lado, incluye obligaciones de marcado para toallitas o los productos de higiene femenina el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor, así como medidas de concienciación para informar a los consumidores del impacto negativo en el medio ambiente derivados de su abandono y de la correcta gestión de los mismos.

Los residuos producidos deberán pesar udn 13% menos en 2025 y un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de reducción a partir de 2020.

Además, el texto contempla actuaciones contra el despilfarro de alimentos, con el fin de reducir el 50% de los alimentos desechados per cápita a nivel de hogar, distribución minorista y consumo en el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), y rebajar un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.

Cuando la ley sea aprobada definitivamente, quedará prohibida también la destrucción de excedentes de productos no perecederos no vendidos, tales como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa debiendo destinarse preferentemente a reutilización, así como la liberación intencionada de globos.