El Gobierno pretende limitar las jubilaciones forzosas para disminuir el gasto en pensiones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dentro de la futura reforma de las pensiones, plantea limitar las jubilaciones forzosas en los convenios con empresas, con el objetivo de reducir el gasto en pensiones, siendo esta una de las reformas necesarias para la consecución de los fondos europeos.

El Gobierno de Pedro Sánchez parece haber cambiado de opinión con respecto a esta figura, ya que las jubilaciones forzosas fueron prohibidas por Mariano Rajoy en 2012 y fue el Ejecutivo socialista quien decidió recuperarla en noviembre de 2019.

Desde el ministerio afirman que la intención del gobierno es prohibir que las empresas establezcan en los convenios colectivos cláusulas que obliguen al trabajador a jubilarse una vez que haya cumplido la edad legal para hacerlo. Así, Escrivá explica que dentro del marco de la futura reforma de las pensiones -y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo- se han propuesto diversas medidas dentro del diálogo social para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

«Se han planteado varias propuestas tanto por parte del Ministerio como de los agentes sociales y todas ellas están aún en proceso de diálogo»

En este sentido, tal y como adelantaba Expansión, la eliminación de este figura permitiría que muchas personas que se jubilan y desean seguir trabajando puedan continuar en el mercado laboral. Este es uno de los temas principales que se están debatiendo en la mesa de diálogo social para alcanzar un acuerdos con los agentes sociales.

Acercar la edad efectiva de jubilación a la legal es una de las vías que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Así, ya había avanzado la intención de revisar las fórmulas de jubilación anticipada voluntaria para desincentivarlas o mejorar los incentivos para retrasar la edad de la jubilación. Otra línea de actuación del Gobierno será fomentar los planes de pensiones de empleo colectivos frente a los privados.

Aumentar la edad para el cálculo de la pensión

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya defendió como presidente de la autoridad fiscal independiente Airef, organización fiscalizadora de las cuentas públicas creada en la etapa de Gobierno del PP, que se amplíe la edad efectiva de la jubilación a los 67 años -actualmente en 62,5- y se eleve de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones.

Escrivá se ha mostrado favorable a ir más allá de la reforma de las pensiones aprobada por el PP en 2013, de forma que la edad efectiva de jubilación pase de los 62,7 años actuales a los 67 -de forma que se elimine la brecha entre la edad de jubilación y la edad real a la que se jubila los trabajadores- , ya que permitiría corregir más de la mitad del problema de gasto.

Nadia Calviño ha confirmó este lunes que el Gobierno quiere ampliar el periodo del cálculo de la pensión desde los 25 últimos años de cotización hasta los 35, pero dejando fuera los años más negativos de cotización. Así lo ha dicho la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital asegurando que es una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.

Calviño no se ha referido a ningún cálculo de la pensión concreto pero en el  propio Pacto de Toledo ya se ha hablado de fechas y se considera ampliarla hasta 35 años. Una de las reformas de la Seguridad Social que se tiene prevista es continuar este aumento progresivo de los años de cotización. Este año se toman en cuenta los últimos 23 años de cotización para calcular la pensión, mientras que en 2021 serán 24 años y en 2022 serán 25 años.

La alternativa que baraja el Gobierno es de ampliar de 25 a 35 años los años cotizados para calcular la pensión arrancaría, por tanto, a partir de 2023 siempre y cuando esa medida formara parte de la futura reforma de pensiones.

Esto podría poner en jaque las pensiones. Dicha ampliación tendría efectos sobre la cuantía de la pensión, generalmente negativos, pero al ser preguntada por esto Calviño ha indicado que se propone excluir del cómputo aquellos años que sean más negativos para el trabajador. En todo caso, Calviño ha pedido «tranquilidad» porque el Gobierno tiene un compromiso firme con la revalorización de las pensiones y con la sostenibilidad a futuro del mismo