Gas Natural espera cerrar un acuerdo con Colombia y no demandar al Gobierno por los impagos

Gas Natural Fenosa confía en poder cerrar el conflicto que mantiene con el Gobierno colombiano sin que llegue la sangre al río y ha dado unos meses de plazo a las autoridades del país para solucionar los problemas antes de acabar en los tribunales.  El grupo energético español mantiene un contencioso con el Ejecutivo de Juan Manuel Santos por la gestión de Electricaribe, compañía de distribución de electricidad de la región del Caribe que está sufriendo una oleada de fraude e impagos.

El Parlamento de Colombia ha amenazado con expropiar a la compañía por no ejecutar las inversiones previstas a pesar de que es el sector público del país el principal moroso, al no abonar sus facturas.

La legislación no permite a Electricaribe cortar el suministro a las administraciones públicas, a pesar de que no se están abonando las facturas de los servicios públicos, como las del alumbrado de las calles, los colegios, los hospitales, las residencias de ancianos, las comisarías de policía y las infraestructuras. Si el Ejecutivo abonara el importe que tiene pendiente la empresa podría eliminar la deuda que le atenaza e, incluso, lograr músculo financiero para realizar nuevas inversiones.

En este contexto, Gas Natural Fenosa activó el pasado 17 de junio el acuerdo bilateral de protección de inversiones que tienen Colombia y España, con el objeto de solucionar este contencioso sin necesidad de llegar a los tribunales. Según han confirmado fuentes del sector energético a OKDIARIO, la intención de la compañía que ahora preside Isidro Fainé es alcanzar un acuerdo que satisfaga a las partes y evitar que el conflicto acabe en los tribunales. La fecha límite es el 17 de enero.

La empresa se comprometió con el Gobierno de Colombia a realizar inversiones para garantizar la calidad del suministro eléctrico en las zonas caribeñas donde opera, a cambio de que se aprobara una normativa que garantizara la seguridad jurídica y evitara los impagos y el fraude. Electricaribe cumplió con una parte del trato, al invertir unos 350 millones de euros en la mejora de las infraestructuras, pero el Ejecutivo del país latinoamericano no ha sentado las bases legales para evitar la sangría en las cuentas de la empresa.

En concreto, al cierre del mes de junio, el agujero en la caja de la filial de la empresa española por la morosidad, la manipulación de contadores y las conexiones ilegales a la red eléctrica ascendió a 527.000 millones de pesos colombianos, que al cambio actual suponen 162 millones de euros. Según cálculos internos que maneja Electricaribe, un 40% de la facturación se pierde por el fraude y los impagos.

El gran problema de la empresa es que, al ser compañía distribuidora, debe hacer frente a las obligaciones financieras con la generadora de electricidad, que es propiedad estatal. Es decir, que mientras que el sector público colombiano y muchos clientes no pagan sus facturas, la filial de Gas Natural Fenosa tiene que pagar por la electricidad que sirve a los usuarios. Esto ha provocado que Electricaribe ya no tenga liquidez y que haya tenido que salir en su rescate la matriz española.

En la presentación de resultados de Gas Natural Fenosa, el consejero delegado, Rafael Vilaseca, hizo referencia a esta cuestión respaldando la intención de la compañía de seguir operando en la región del Caribe en Colombia, pero sólo si se garantiza la seguridad jurídica.

Vilaseca: «Queremos hablar con el Gobierno para lograr una razonable seguridad jurídica»

“Nuestra operación allí es un proyecto que merece nuestra atención y esfuerzo, pero hace falta marco regulatorio para poder abordar la mora y fraude y así crecer. El Caribe es una zona de crecimiento, pero debe ser consistente la normativa. Queremos hablar con el Gobierno para lograr una razonable seguridad jurídica. Con esto sería posible abordar el futuro. Estamos seguros de que podremos encontrar un camino para arreglarlo”, ha señalado Vilaseca.

En cuanto al Gobierno de Colombia, el presidente Santos indicó el pasado enero que está diseñando “un plan para poder capitalizar la deuda pendiente en colaboración con los gobernadores y los alcaldes de las ciudades de la región”, aunque desde entonces no ha habido avances al respecto. Las fuentes consultadas indican que tarde o temprano el Ejecutivo tendrá que pactar una solución con la empresa, ya que la expropiación se limitaría a un cambio de gestión, en la que directivos estatales terminarían de quebrar la compañía.

Si Gas Natural Fenosa y el Gobierno de Santos no logran un acuerdo antes del 17 de enero entonces se pondrá en marcha la correspondiente reclamación ante el CIADI, la institución del Banco Mundial encargada de arbitrar disputas entre multinacionales y responsables públicos”. En la actualidad Electricaribe aporta 258 millones de euros anuales al resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo español, por lo que una expropiación tendría un notable impacto en las cuentas del grupo.